jueves, 11 de octubre de 2018

ELEVACIÓN A JUICIO ORAL

Elevan a juicio oral causa por delitos de lesa humanidad en el Regimiento de Mercedes 


En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, que investiga delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, el juez federal Daniel Rafecas, elevó a juicio de 7 militares que se desempeñaron en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, por los crímenes de los que fueron víctimas 37 personas, de las cuales 30 permanecen desaparecidas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires resultó sorteado y tendrá a cargo este nuevo juicio oral.
Según informó el juzgado de Rafecas, el juez envió a juicio a Luis Fernández Bustos, mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe del Regimiento y Jefe de la Plana Mayor; Serapio del Río, teniente primero, quien de desempeñaba como Jefe de la Compañía A del RI 6; Gustavo González Sass, teniente primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios del RI 6; y acuatro oficiales subtenientes: Emilio Pedro Morello, integrante de la Compañía A; Horacio Linari, de la misma Compañía; Luis Alberto Brun, de la Compañía B; y Martín E. Sánchez Zinny, de la Compañía C.
La causa comenzó con la investigación de un operativo ilegal que el Regimiento de Mercedes llevó a cabo el 10 de julio de 1976 en lo que fuera la Imprenta del ERP donde se imprimían las Revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”. Allí se le dio muerte a José Emilio Arancibia, y se privó de la libertad y se torturó a otra persona, que junto a Arancibia estaba de custodia del entonces asesinado Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen.
Rafecas pudo acreditar que el operativo surgió del interrogatorio ilegal y bajo torturas de un alto Jefe de propaganda del ERP detenido unos días antes, el cual fue llevado a la Imprenta por los militares, y que también la misma persona fue llevada a “marcar” otro domicilio el día anterior, donde fueron secuestradas dos víctimas.
La investigación permitió hilvanar las detenciones ilegales de 37 víctimas, en su mayoría en la localidad de Luján, todas ellas con algún tipo de vinculación con la creación, edición, impresión o distribución de “El Combatiente”, a la par que se pudo reconstruir la relación de militancia (las víctimas en su mayoría eran del PRT-ERP), y la relación directa entre las víctimas, por la concurrencia a la misma Escuela, o la asistencia a lugares como el taller literario del reconocido escritor Dardo Dorronzoro, víctima de este tramo de la Megacausa Primer Cuerpo.
Entre las víctimas desaparecidas se encuentra María Cristina Cournou, (a quien su hermano, el cantante Víctor Heredia, le escribiera la canción Carta a María Cristina, y su esposo, el también escritor Claudio Nicolás Grandi); así como también Rocío Martínez Borbolla, editora de “El Combatiente”, madre del periodista Camilo García y de su hermana Bárbara.
El juez, a través de los testimonios de los cinco sobrevivientes que estuvieron cautivos y en su mayoría fueron sometidos a torturas, y de las testimoniales prestadas por ex soldados conscriptos, pudo concluir la existencia de un centro clandestino de detención que habría utilizado el Regimiento de Mercedes para alojamiento  de detenidos, el cual se trataba de una casa quinta que aún no ha sido identificada.
En la causa se cuenta como prueba de los hechos con dos capuchas de tela verde, una aportada por la esposa del escritor Dorronzoro, quien luego de su primera detención ilegal fue liberado con la capucha puesta, y la otra, aportada por una de las víctimas como la que le fue colocara por el personal militar del RI 6.
En la resolución se probó la privación ilegal de la libertad de 37 personas, la aplicación de torturas a cinco de ellas y el homicidio de 8, hechos en los que intervino el Regimiento de Mercedes.
Ahora será el Tribunal Oral Criminal Federal 2, integrado por los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, el cual deberá llevar a cabo el juicio oral y público en una fecha a definir.
El juez Rafecas también decretó por los mismos hechos un segundo procesamiento, respecto de dos militares más: Alberto Ramón Schollaert, teniente coronel por entonces a cargo del Regimiento de Mercedes y Ruben Omar Andrade, cabo primero; por lo cual, en caso de prosperar este otro tramo de la causa hacia la etapa de juicio, serían nueve en total los imputados en el juicio oral.

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