ETCHECOLATZ: CORTE SUPREMA REVOCÓ PRISIÓN DOMICILIARIA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó, por mayoría, la prisión domiciliaria que había sido concedida al represor Miguel Etchecolatz en dos causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Las resoluciones fueron firmadas por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia en ambas causas por considerar que los recursos de queja presentados por el Ministerio Público Fiscal eran "inadmisibles".
El pronunciamiento de mayoría siguió la línea jurisprudencial del fallo "Bergés" de 2016 donde la Corte remarcó que la decisión relativa a la detención domiciliaria debe ser precedida ineludiblemente por informes del Cuerpo Médico Forense "porque su imparcialidad está garantizada por normas específicas" y que las conclusiones de estos informes deben poder ser controladas por las partes.
En marzo pasado, Etchecolatz fue trasladado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza luego de pasar un tiempo con prisión domiciliaria en su casa del barrio Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata.
El represor, que ya tiene cuatro condenas perpetuas, había accedido a ese beneficio en diciembre de 2017, pero la Justicia revocó la medida, en medio de protestas por parte de los vecinos de esa zona.
Etchecolatz, de 89 años, fue jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el gobierno de facto de Ramón Camps y se lo señala como el director de 21 centros clandestinos de detención.
Tras el retorno de la democracia y la anulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final , el represor fue condenado en siete ocasiones por múltiples delitos de lesa humanidad, entre ellos por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

Con el inicio previsto para hoy lunes 29 de octubre del juicio denominado "Superintendencia de Seguridad Federal", continuarán esta semana distintos procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Hoy está previsto que comience, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal, el juicio denominado "Superintendencia de Seguridad Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia. Abarcan 67 hechos que incluyen 4 homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El segundo de los expedientes tiene por víctimas a integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Los damnificados estuvieron en los centros clandestinos de detención Superintendencia/Coordinación Federal y Azopardo.
Están imputado: Carlos Enrique Gallone, Eduardo Norberto Comesaña, Raúl Antonio Guglielminetti, Fausto Mingorance, Rafael Romero y Juan Manuel Grosso).
Por otra parte, hoy continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy continuarán los alegatos en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
También hoy lunes, continuará en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
Mañana martes 30 de octubre proseguirá ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
Mañana martes y miércoles 31 de octubre continuarán las ampliaciones de las indagatorias del segundo juicio que se realiza en la provincia de La Pampa denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
También el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
El jueves 1 de noviembre continuará en  la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el juicio "Armada 2", que tiene 13 imputados, que en su mayoría son ex miembros de altos rangos de la fuerza armada. Entre los acusados, 12 de ellos llegan por primera vez a esta instancia. Además comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas.
El viernes 2 de noviembre proseguirá en San Luis el juicio "Magistrados" en el que se busca determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al plan criminal implementado por la última dictadura.
Son juzgados el ex juez Eduardo Allende y al ex fiscal Hipólito Saá, a quien  se le imputa haber tenido conocimiento de torturas por testimonios de víctimas, y no haber actuado conforme la función pública para la cual habían sido designados.
También están imputados Alberto Eduardo Camps, teniente del Comando de Artillería 141 acusado por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 29 víctimas; y Jorge Omar Caram, ex médico de la Policía de la Provincia de San Luis por su rol durante las sesiones de torturas.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!...TRES SENTENCIAS

Esta semana 11 genocidas fueron condenados a perpetua y tres absueltos en el marco del juicio por la Megacausa II de la provincia de San Juan. En tanto, en Entre Ríos, tres médicos del Instituto Privado de Pediatría recibieron penas por su participación en el robo de bebés mellizos y el viernes el represor Miguel Etchecolatz recibió su cuarta condena perpetua.
El lunes 22 de octubre se conoció la sentencia en el juicio por la Megacausa II de San Juan por los delitos de lesa humanidad cometidos a más de 200 víctimas. 11 genocidas fueron condenados a perpetua, una a 18 años de prisión y otra a 6, pero hubo 3 absoluciones.
Entre los condenados, se encuentran integrantes de la Policía Federal y Provincial pero la mayoría pertenece al Ejército. En tanto, los magistrados consideraron que no se presentaron pruebas suficientes para condenar a Nicolás Dalmacio Manrique (Policía de San Juan), Pedro Eduardo Blanco y Elías Lucio Arrancio (Ejército). Cabe señalar que Manrique, por ejemplo, fue interventor del Penal de Chimbas y jefe de la Policía del Gobierno de la Alianza en San Juan.
El martes 23 de octubre, tres médicos del Instituto Privado de Pediatría fueron condenados por su participación en el robo de bebés mellizos, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Alberto Torrealday recibió 9 años de prisión, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi 6 años. Jorge Eduardo Rossi. Aunque la condena llegó, los médicos no rompieron el pacto de silencio respecto a dónde está "el melli".
La niña fue dada en adopción y recuperó su identidad en 2008, pero el niño, ahora adulto de 40 años de edad, sigue desaparecido.
Finalmente el viernes 26 de octubre el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.
El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Echecolatz por los delitos de homicidio agravado por alevosía (tres casos), violación y abuso deshonesto (uno), abuso deshonesto (seis), privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima (100).
También se condenó a prisión perpetua al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. En tanto, los ex agentes de la policía bonaerense Nildo Delgado, Alberto Bulacio y Daniel Mancuso fueron condenados respectivamente a siete años y medio de prisión, a ocho años y a seis años. A todos se los consideró responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.
Por su parte, fueron absueltos los subinspectores José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los agentes Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.

GUERRA DE MALVINAS: SIGUE CAUSA POR TORTURAS A SOLDADOS

Justicia resolvió que debe profundizarse la investigación sobre torturas a soldados en Malvinas

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó ue la causa en que se investigan las torturas cometidas por miembros de las fuerzas armadas argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas debe continuar su trámite.
Lo hizo en el marco de los recursos de apelación presentados por la defensa del denunciado Jorge Eduardo Taranto, que además había objetado la calidad de querellante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los jueces señalaron que "tal es la tendencia jurisprudencial que se inclina a mantener la acción penal en aquellos casos en que se alega la comisión de crímenes contra la humanidad, mientras haya una probabilidad razonable de que los hechos sobre la base de los cuales se postula la imprescriptibilidad encuadren en tal categoría”.
Agregaron que "en el caso justamente la inclusión o no de los hechos en la categoría de delitos de lesa humanidad resulta objeto de debate, derivándose de allí el interés de los querellantes (CECIM). Y aún cuando la respuesta no fuera afirmativa, se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos".
Con esta resolución, la Cámara confirmó la resolución del Juez de primera instancia, Federico Calvete, que ya había rechazado las pretensiones de la defensa de Taranto.
Ahora, el juez deberá avanzar en las solicitudes de detención y llamar a prestar declaración indagatoria de 26 denunciados, como reclamó en mayo de 2018 el fiscal federal Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La causa se inició en 2007 y ya se presentaron 120 denuncias, que alcanzan a 95 militares de las fuerzas armadas por la presunta comisión de torturas, pasibles de ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad en, al menos, 105 casos.
En tanto, Taranto, subteniente durante el conflicto bélico de 1982, ya había logrado a su favor en noviembre de 2009, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en lo que hace a otros hechos de la misma causa.
La sala I de la Casación había revertido dos fallos de primera y segunda instancia que lo tenían como protagonista y, en una controvertida decisión, consideró que los delitos en cuestión, adjudicados a Taranto, no fueron de lesa humanidad y por ende prescribieron y por una cuestión de forma, la apelación de los ex conscriptos no llegó a ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nunca se expidió sobre el fondo del asunto– y el caso de las torturas en Malvinas terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expediente contra el Estado argentino que sigue su curso.

EN LA "ESCUELITA DE FAMAILLÁ" FUNCIONA LA BIBLIOTECA "HILDA GUERRERO DE MOLINA"

INAUGURAN BIBLIOTECA EN DONDE FUNCIONÓ EL PRIMER CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN ARGENTINO

Desde el sábado 20 de octubre funciona la biblioteca "Hilda Guerrero de Molina", instalada en el predio en el que funcionó la llamada "Escuelita de Famaillá", el primer centro clandestino de detención de la Argentina que operó desde 1975 hasta fines de 1978 en el sur de Tucumán.
La ex escuela Diego de Rojas, tal su nombre original, fue declarado en diciembre de 2015 como un Espacio de Memoria y Promoción de Derechos Humanos y desde el sábado tiene su propia biblioteca que fue inaugurada en el marco de la Octava Bienal de Fotografia Documental, que comenzó el pasado miércoles 17 de octubre en la provincia.
Conocido como "La Escuelita de Famaillá", este centro clandestino de detención estaba ubicado a 42 km de la capital tucumana y funcionó a partir del inicio del Operativo Independencia en 1975, luego de que la ex presidenta Estela Martínez de Perón firmará un decreto que ordenaba a las fuerzas armadas desembarcar en la provincia.
Se calcula que en este lugar estuvieron detenidas ilegalmente más de 200 mil personas y que fue utilizada para esos fines hasta 1978, año en que comenzó a funcionar como escuela primaria.
En diciembre de 2015, La Escuelita fue declarada Espacio Nacional de Memoria y Promoción de Derechos Humanos a partir de la Ley 26.691.

QUIÉN FUE HILDA GUERRERO DE MOLINA?

Hilda Guerrero de Molina

En 1962 comenzó una crisis azucarera en el noroeste argentino que produjo el endeudamiento generalizado de los pequeños ingenios. En Tucumán había por entonces 18.602 explotaciones de caña de azúcar que daban trabajo a 20 mil cañeros y 80 mil zafreros. En 1965 comenzaron los conflictos y huelgas. La Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) llamó a ocupar los ingenios.
En este marco, una de las primeras medidas de la dictadura que había tomado el poder en 1966 con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza fue intervenir varios ingenios tucumanos y cerrar otros cinco.
La FOTIA organizó entonces un Plan de Lucha Azucarera Nacional, que contemplaba la organización de ollas populares y concentraciones en las ciudades del interior de la provincia. Hilda Guerrero, madre de cuatro hijos, era una de las mujeres que organizaban las ollas populares en la localidad tucumana de Bella Vista, ya que su marido Juan Molina había sido despedido del ingenio el 20 de diciembre de 1966.
El 12 de enero de 1967, la FOTIA y la CGT llamaron a una concentración en Bella Vista. La noche anterior desde Santa Lucía, con mil obreros despedidos y otros mil en actividad, salieron sólo 40 personas. Estaban Hilda Guerrero de Molina, su marido, otros vecinos y los dirigentes sindicales del momento: Zelarayán, Flórez, Galván, Totó Rodríguez, Francisco Guerrero. La policía vigilaba rutas y caminos para impedir la concentración, por eso se fueron caminando a través de cañaverales, cruzando ríos, pasaron Caspinchango, Famaillá, atravesaron la ruta 38 y a las 8 hs llegaron a Bella Vista.
Alrededor de las 11 hs la policía avanzó ante la gente, vieron a Hilda cruzar la calle junto a su primo Jorge Guerrero, ya en la otra orilla volvió su rostro mirando a los policías. Recibió un certero disparo en la frente que salió por la nuca haciendo un gran agujero. Inmediatamente la levantaron, la llevaron al hospital donde murió producto de ese brutal asesinato.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Con tres sentencias continuarán esta semana los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
Hoy lunes 22 de octubre se conocerá en San Juan la sentencia a dos acusados en el juicio denominado Megacausa II, que investiga delitos de lesa humanidad en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.
Mañana martes 23 de octubre se conocerá el veredicto de la causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
Finalmente, el viernes 26 de octubre se conocerá la sentencia por delitos en los centros clandestinos que funcionaron bajo el mando de Miguel Etchecolatz conocidos como Puente 12 y la comisaría de Monte Grande.

El viernes, además de Etchecolatz, escuchará su sentencia el ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. Para la fiscal, ambos son los "máximos responsables" de esos "chupaderos", ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires. A los dos se les endilgó, además, responsabilidad –coautoría– en varios homicidios, según informó la Unidad especializada en delitos de lesa humanidad.  

La fiscal basó su pedido de sentencia en el rol jerárquico que ejercía Etchecolatz al momento de los hechos que estuvieron bajo análisis en el juicio: los secuestros y las torturas que sufrieron 125 hombres y mujeres en los centros clandestinos Puente 12, que también se llamó Cuatrerismo y Brigada Güemes, y la Comisaría Primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría. De esas víctimas, 64 permanecen desaparecidas. Once eran mujeres embarazadas. 

Además el Tribunal 6 deberá definir también la situación de otros siete represores enjuiciados: José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, que integraban la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense en calidad de subinspectores; los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de las personas secuestradas Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. 

Por otra parte, hoy lunes culminará su alegato el Ministerio Público Fiscal en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.

Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
También hoy lunes continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas y los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
El martes 23 de octubre continuará ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
El martes y el jueves continuará el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados en este juicio: Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.
El miércoles 24 de octubre, en tanto, proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
El jueves y viernes continuará en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.

LOS JUICIOS SON AHORA: BAHÍA BLANCA-ARMADA II

Comenzó segunda parte del Juicio "Armada" en Bahía Blanca

Un nuevo juicio de lesa humanidad comenzó ayer viernes 19 de octubre en Bahía Blanca. Es el sexto que se realiza en esta ciudad bonaerense y es la segunda parte de la denominada "Causa Armada" y que tiene a 18 genocidas sentados en el banquillo de los acusados.
El Tribunal Oral, compuesto por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu, los juzgará por al menos 65 crímenes, 17 de los cuales aún no se conoce el paradero de las víctimas.
El juicio contará con 25 testigos, alguno de los cuales ya testimoniaron en la primera parte de la causa.
Desde H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca calificaron al contexto actual como "tiempos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos" y apuntaron contra "el gobierno de Cambiemos". Prueba de ello es que de los 18 imputados sólo uno llegó a esta etapa del juicio con prisión efectiva, por portación de armas de fuego, mientras que el resto gozan el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los imputados que serán juzgados son Ricardo César Araujo, Mario José, Bilesio, Luis Oscar Conti, José Abdala Figueroa, Álvaro Hernán Hermelo, Rómulo Augusto Illa, Carlos Enrique Lacoste, Carlos Alberto Louge, Alejandro Carlos Lorenzini, Rodolfo Carmelo Francisco Lucheta, Ricardo Joaquín Molina, Aristóbulo Nicanor Moreira, Arturo María Quintana, Herberto José Rubatino, Emilio José Schaller y Miguel Ángel Torrá.
Sólo cuatro de los acusados -Lacoste, Quintana, Conti y Bilesio- asistieron a la primera jornada del debate oral, en que se leyeron las imputaciones que pesan sobre ellos.
Diecisiete procesados gozan de detención domiciliaria, y la única excepción es Quintana, que fue sorprendido violando el beneficio, se constató que portaba armas de fuego y actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal 4 de la Villa Floresta bahiense.

COMPLICIDAD JUDICIAL

Dibujo: Cuarto Poder Diario

COMENZO EN SAN LUIS JUICIO A JUECES COMPLICES DE LA DICTADURA

Ayer, viernes 19 de octubre, comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en San Luis durante la última dictadura cívico militar.
En el denominado "Juicios a los Jueces", están imputados Eduardo Allende (ex juez Federal) e Hipólito Saá (ex fiscal Federal). Ambos están acusados por ser partícipes necesarios en 23 casos de privación abusiva de la libertad, tormentos (21 casos), y por el delito de homicidio agravado en 6 casos.
En tanto, también son juzgado el ex teniente coronel Alberto Camps y el médico policial Jorge Caram, acusados de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos en 7 casos.
El ex juez Allende es el padre del actual fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende (h), y Camps era titular del Espacio Cultural Terrazas del Portezuelo cuando fue detenido en febrero de 2014. Previo a esto, Camps se había desempeñado como coordinador del Ministerio de Inclusión Social.
Allende y Saá fueron detenidos en 2012, mientras que con Camps y Caram se hizo lo mismo en 2014, pero todos recuperaron la libertad el año pasado ya que la causa no avanzaba.
Según la planificación del Tribunal, imtegrado por  María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Julián Falcucci, se realizarán dos audiencias por mes y este juicio tendrá la particularidad de que el tribunal federal aceptó la incorporación de 49 testigos de manera audiovisual, lo que significa que, en vez de llamarlos a declarar, se incorporarán los registros fílmicos de los dos juicios anteriores.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!

Luis Patti cuando era intendente de Escobar

Condenaron al represor Luis Patti a perpetua por el homicidio de un periodista ocurrido en 1976 

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al represor Luis Abelardo Patti por el secuestro y homicidio, en 1976, del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, quien trabajaba en el diario "El Actual" de Escobar. Con esta suman tres las condenas perpetuas que recibe quien en democracia fue elegido intendente de Escobar.
A pesar de haber recibido la mayor sentencia, Patti fue beneficiado con la prisión domicialiaria, en su casa del country Septiembre de esa localidad bonaerense.
El periodista Ricardo Gabriel Giménez, oriundo de Gualeguay, había sido secuestrado en enero de 1976 y su cuerpo fue encontrado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2008
La causa se inició en 2017 y a pesar de algunas interrupciones en el proceso, se avanzó. De esta forma, es la tercera vez que Patti es sentenciado con perpetua e inhabilitación absoluta.
Giménez se desempeñaba en una redacción que se encontraba a tan solo unos metros de la Comisaría Primera y fue compañero de militancia de Gastón Gonçalves, quien también fue asesinado y por dicho homicidio, Patti  se encuentra preso tras haber sido condenado en abril del 2011 junto a Reynaldo Bignone.
El exsubcomisario de la Policía de 65 años está señalado como coautor del delito de amenazas reiteradas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, que se suman a las sentencias que recibió por los secuestros de Gonçalves y de Diego Muñiz Barreto, cometidos en 1977 y otras por ejecución de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.
Luego estar al frente del municipio, Patti había sido elegido diputado nacional en 2005, pero el Congreso resolvió que no debía asumir y le privó de sus fueros parlamentarios debido a las acusaciones que pesaban contra él por delitos de lesa humanidad que dieron lugar a procesos judiciales.

Fuente: Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) y agencia Nova

SEÑALIZACIÓN-CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN

Señalizaron el lugar donde funcionó La Escuelita en Neuquén

La Escuelita fue un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención en la provincia de Neuquén. Fue demolida pero su ubicación quedó registrada con una serie de testimoniales. El predio se encuentra en el interior del batallón militar.
La señalización se colocará en Chaco y Lanín, el lugar exacto donde funcionó el centro clandestino de torturas que fue bautizado así por los torturadores como “La Escuelita”. La vieja edificación blanca, reconocida en abril de 1984 por los secuestrados como el lugar del cautiverio, ya no está en pie pero el lugar pudo ser identificado.El inmueble fue derribado en la década del 90 pese a la prohibición judicial que regía desde 1987.
El lugar, un descampado al fondo del batallón militar rodeado de álamos y olivillos, fue reconocido por los sobrevivientes durante las inspecciones judiciales de la década del 80 y en las que se repitieron en 2016 durante los juicios penales por delitos de lesa humanidad.
En 2017 el equipo de antropólogas del programa nacional “Sitios de Memoria” realizaron el relevamiento técnico del terreno, que pertenecía el Ejército argentino y este año 2018 fue entregado en posesión a la provincia de Neuquén.
Tras la señalización se realizará un cerramiento y se prevé iniciar un “espacio de memoria” en el sector cedido a la Provincia a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Más de un centenar de perseguidos políticos padecieron tormentos en una construcción de chapa que se montó a lado de la casa de material blanqueada con cal. Algunos fueron derivados ilegalmente a la cárcel de Bahía Blanca, otros eran traídos y llevados para la tortura desde la ex U9 de esta ciudad.
En algunos casos fueron liberados en las rutas de la región, derivados a otros centros de tortura del país durante la dictadura milita o resultó ser el último destino conocido tras el secuestro, como el caso de varios desaparecidos de la región, entre ellos Oscar Ragni.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Con el inicio de dos juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, continuarán esta semana los procesos por violaciones a los derechos humanos.
El viernes 19 de octubre está previsto el comienzo de dos juicios, uno en Bahía Blanca y otro en la provincia de San Luis.
En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, comenzará el juicio "Armada 2", que estará a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava.
Este será el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en la ciudad de Bahía Blanca y en esta oportunidad .
La causa tiene 13 imputados, que en su mayoría son ex miembros de altos rangos de la fuerza armada. Entre los acusados, 12 de ellos llegan por primera vez a esta instancia. Además comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas.
En tanto, en la provincia de San Luis comenzará el juicio "Magistrados", que buscará determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al plan criminal implementado por la última dictadura.
Ante el Tribunal Oral en Federal de San Luis, conformado por magistrados de otras provincias, serán juzgado el ex juez Eduardo Allende y al ex fiscal Hipólito Saá, a quienes  se les imputa haber tenido conocimiento de torturas por testimonios de víctimas, y no haber actuado conforme la función pública para la cual habían sido designados.
También están imputados Alberto Eduardo Camps, teniente del Comando de Artillería 141 acusado por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 29 víctimas; y Jorge Omar Caram, ex médico de la Policía de la Provincia de San Luis por su rol durante las sesiones de torturas.
Por otra parte, hoy martes 16 de octubre se realizará la última audiencia testimonial en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Este juicios tiene 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense. Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
Hoy y mañana miércoles 17 de octubre continuarán las ampliaciones de las indagatorias del segundo juicio que se realiza en la provincia de La Pampa denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
Mañana miércoles 17 de octubre continuará el juicio por delitos cometidos en la Brigada de San  Justo
El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
El jueves y el viernes proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría.

ELEVACIÓN A JUICIO ORAL

Elevan a juicio oral causa por delitos de lesa humanidad en el Regimiento de Mercedes 


En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, que investiga delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, el juez federal Daniel Rafecas, elevó a juicio de 7 militares que se desempeñaron en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, por los crímenes de los que fueron víctimas 37 personas, de las cuales 30 permanecen desaparecidas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires resultó sorteado y tendrá a cargo este nuevo juicio oral.
Según informó el juzgado de Rafecas, el juez envió a juicio a Luis Fernández Bustos, mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe del Regimiento y Jefe de la Plana Mayor; Serapio del Río, teniente primero, quien de desempeñaba como Jefe de la Compañía A del RI 6; Gustavo González Sass, teniente primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios del RI 6; y acuatro oficiales subtenientes: Emilio Pedro Morello, integrante de la Compañía A; Horacio Linari, de la misma Compañía; Luis Alberto Brun, de la Compañía B; y Martín E. Sánchez Zinny, de la Compañía C.
La causa comenzó con la investigación de un operativo ilegal que el Regimiento de Mercedes llevó a cabo el 10 de julio de 1976 en lo que fuera la Imprenta del ERP donde se imprimían las Revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”. Allí se le dio muerte a José Emilio Arancibia, y se privó de la libertad y se torturó a otra persona, que junto a Arancibia estaba de custodia del entonces asesinado Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen.
Rafecas pudo acreditar que el operativo surgió del interrogatorio ilegal y bajo torturas de un alto Jefe de propaganda del ERP detenido unos días antes, el cual fue llevado a la Imprenta por los militares, y que también la misma persona fue llevada a “marcar” otro domicilio el día anterior, donde fueron secuestradas dos víctimas.
La investigación permitió hilvanar las detenciones ilegales de 37 víctimas, en su mayoría en la localidad de Luján, todas ellas con algún tipo de vinculación con la creación, edición, impresión o distribución de “El Combatiente”, a la par que se pudo reconstruir la relación de militancia (las víctimas en su mayoría eran del PRT-ERP), y la relación directa entre las víctimas, por la concurrencia a la misma Escuela, o la asistencia a lugares como el taller literario del reconocido escritor Dardo Dorronzoro, víctima de este tramo de la Megacausa Primer Cuerpo.
Entre las víctimas desaparecidas se encuentra María Cristina Cournou, (a quien su hermano, el cantante Víctor Heredia, le escribiera la canción Carta a María Cristina, y su esposo, el también escritor Claudio Nicolás Grandi); así como también Rocío Martínez Borbolla, editora de “El Combatiente”, madre del periodista Camilo García y de su hermana Bárbara.
El juez, a través de los testimonios de los cinco sobrevivientes que estuvieron cautivos y en su mayoría fueron sometidos a torturas, y de las testimoniales prestadas por ex soldados conscriptos, pudo concluir la existencia de un centro clandestino de detención que habría utilizado el Regimiento de Mercedes para alojamiento  de detenidos, el cual se trataba de una casa quinta que aún no ha sido identificada.
En la causa se cuenta como prueba de los hechos con dos capuchas de tela verde, una aportada por la esposa del escritor Dorronzoro, quien luego de su primera detención ilegal fue liberado con la capucha puesta, y la otra, aportada por una de las víctimas como la que le fue colocara por el personal militar del RI 6.
En la resolución se probó la privación ilegal de la libertad de 37 personas, la aplicación de torturas a cinco de ellas y el homicidio de 8, hechos en los que intervino el Regimiento de Mercedes.
Ahora será el Tribunal Oral Criminal Federal 2, integrado por los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, el cual deberá llevar a cabo el juicio oral y público en una fecha a definir.
El juez Rafecas también decretó por los mismos hechos un segundo procesamiento, respecto de dos militares más: Alberto Ramón Schollaert, teniente coronel por entonces a cargo del Regimiento de Mercedes y Ruben Omar Andrade, cabo primero; por lo cual, en caso de prosperar este otro tramo de la causa hacia la etapa de juicio, serían nueve en total los imputados en el juicio oral.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

COMIENZA JUICIO POR DESAPARICION Y MUERTE DE UNA MILITANTES DEL PTS

Hoy jueves 11 de octubre comienza el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar.
Ante el Tribunal Oral Federal de San Martín, se sentarán los imputados en este juicio: Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.
Apa y Muñoz no son los únicos imputados por el crimen de Ana maría Martínez. Se encuentra aún en etapa de instrucción otro proceso judicial en el que están denunciados miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), manejada por Miguel Etchecolatz y desde donde se realizaron tareas de inteligencia contra Ana María.
El 4 de febrero de 1982, un Grupo de Tareas de la dictadura, en un Falcon verde, la siguió hasta su domicilio en Villa de Mayo y la secuestraron antes de llegar a su casa, cuando volvía de hacer las compras. El cuerpo sin vida de Ana María, quien tenía 31 años y estaba embarazada de 3 meses, fue encontrado el 11 de febrero, en un zanjón en la zona llamada Punta Querandí, en un descampado entre Tigre y Escobar.
Fue uno de los últimos secuestros y asesinatos de la dictadura.

MENDOZA: JUICIO POR APROPIACIÓN

Abuelas de Claudia Domínguez Castro

COMIENZA EN MENDOZA JUICIO POR LA APROPIACIÓN DE CLAUDIA DOMÍNGUEZ CASTRO

El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, presidido por la jueza María Paula Marisi, acompañada por los jueces Alberto Carelli y Alejandro Piña, encabezará a partir de hoy jueves 10 de octubre el juicio por la apropiación de Claudia Domínguez Castro. Hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, quienes desaparecieron en diciembre de 1977 y cuyo destino aún se desconoce.

Los imputados en esta causa son el militar Segundo Héctor Carabajal, y el matrimonio Bozzo-Reitano que registró a Claudia como hija biológica. Carabajal fue miembro del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. El sería el mayor responsable de los delitos que incluyen la retención y ocultamiento de una menor, falsificación de la identidad y otros.

Claudia es hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, víctimas de un procedimiento encuadrado en el operativo “Escoba”, cuyo propósito era acabar con el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). El resultado fue el secuestro y desaparición de nueve personas entre las que se encontraban Gladys Castro, embarazada de seis meses, y su esposo Walter, detenidos en la madrugada del 9 de diciembre de 1977. Los testimonios ofrecidos en el 3er. juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Mendoza, establecieron que la pareja fue secuestrada de su vivienda, con uso de la violencia y transportada por la fuerza en dos automóviles, con destino desconocido.

Según indica la página www.abuelas.org.ar, “Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña”.

En 1994 una denuncia anónima llegó a Abuelas en la que se detallaba de la aparición de una joven nacida en marzo de 1978 en un hogar de una pareja mayor de un día para otro. Pero no fue hasta 2009 que la causa no avanzó, en aquel momento la denuncia fue derivada a la CONADI para que pudieran investigar.

En 2015, Claudia decidió dejar su muestra de sangre para que sea cotejada con el Banco Nacional de Datos Genéticos; el resultado, conocido el 27 de agosto de ese año, determinó que se trataba de la hija de Walter y Gladys.

En octubre de 2015, la comunidad mendocina conoció a la Nieta117 cuando ofreció una conferencia de prensa, acompañada por Angelina y María, sus dos abuelas. La madre de Walter, María Assof de Domínguez, es referente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

Con la sentencia del juicio de la Megacausa Rafaela y el inicio de tres juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, continúan esta semana los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Ayer lunes 8 de octubre el

Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe condenó a los implicados en los delitos de lesa humanidad sufridos por militantes políticos y sociales de la ciudad de Rafaela como Reynaldo Hattemer, Rubén Carignano, Silvia Suppo, Jorge Destefani, Hugo Suppo, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.

El Tribunal condenó por delitos de lesa humanidad a Juan Calixto Perizzotti (14 años), María Eva Aebi (10 años), Ricardo Ferreyra (16 años), Oscar Farina (8 años) involucrados en la Megacausa de Rafaela.

Ferreyra fue condenado por el asesinato de Carignano, la violación a Silvia Suppo y las torturas de las otras cuatro víctimas; Perizzotti por las torturas y tormentos de todas las víctimas y por el aborto forzado a Suppo; Aebi por tormentos y participe necesaria del aborto forzado y Farina por aborto forzado, torturas y tormentos.

Por otra parte, hoy martes 9 de octubre está previsto que inicie en la Ciudad de Buenos Aires el juicio "Chavanne" por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo.

Ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y José Martinez Sobrino, estarán sentados en el banquillo de los acusados: Raúl Antonio Guglielminetti (Agente Civil de Inteligencia del Ejército Argentino) y Juan Alfredo Etchebarne (presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV).
También hoy comenzará ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el
centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
En tanto, ayer continuó el alegato de la fiscalía en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
En tanto, mañana miércoles 10 de octubre continuará el juicio por delitos cometidos en la Brigada de San Justo que el pasado miércoles se suspendió sin previo aviso por enfermedad de uno de los integrantes del Tribunal.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

EN OCTUBRE COMENZARÁN SIETE JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Durante el mes de octubre está previsto que comiencen siete juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, entre los que se destacan el proceso a magistrados en San Luis por complicidad judicial y el tercer debate por violaciones a los derechos humanos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Masión Seré.
El 8 de octubre comenzará el juicio "Mansión Seré III - Comisaria de Moreno", que se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Diaz Cabral.
Los imputados, por delitos de lesa humanidad en prejuicio de 70 víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Mansión Seré y en la Comisaría de Moreno, son Omar Elisendo Hernández, Mario Domingo Rulli, Julio Narciso Flores y Carmen Galarza.
Un día después, el 9 de octubre, se iniciará en la Ciudad de Buenos Aires el juicio "Chavanne" por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo.
Ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y José Martinez Sobrino, estarán sentados en el banquillo de los acusados: Raúl Antonio Guglielminetti  (Agente Civil de Inteligencia del Ejército Argentino) y  Juan Alfredo Etchebarne (presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV).
También el 9 de octubre comenzará ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el
centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
En tanto, el 11 de octubre comenzará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal, el juicio denominado "Superintendencia de Seguridad Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia. Abarcan 67 hechos que incluyen 4 homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El segundo de los expedientes tiene por víctimas a integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Los damnificados estuvieron en los centros clandestinos de detención Superintendencia/Coordinación Federal y Azopardo.
Están imputado: Carlos Enrique Gallone, Eduardo Norberto Comesaña, Raúl Antonio Guglielminetti, Fausto Mingorance, Rafael Romero y Juan Manuel Grosso).
También el 11 de octubre comenzará el juicio "Caso Ana María Martínez" que estará a
cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral.
En este proceso se investiga la privación ilegítima de la libertad y el asesinato de Ana María Martínez ocurridos en 1982. En este sentido, se les imputa a Jorge Norberto Apa, en su carácter Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, en su carácter de Jefe del Departamento de Personal G1 del Comando de Institutos Militares y Héctor Luis Ríos Ereñú, en su carácter de Jefe del Departamento de Operaciones G3 del comando de Institutos Militares, el haber arbitrado los medios necesarios (tanto humanos como materiales) para privar ilegítimamente de la libertad a Martínez, por su condición de militante del Partido Social de los Trabajadores, para luego quitarle la vida.
El 19 de octubre comenzará en la provincia de San Luis el juicio "Magistrados", que buscará determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al plan criminal implementado por la última dictadura.
Ante el Tribunal Oral en Federal de San Luis, conformado por magistrados de otras provincias, serán juzgado el ex juez Eduardo Allende y al ex fiscal Hipólito Saá, a quienes  se les imputa haber tenido conocimiento de torturas por testimonios de víctimas, y no haber actuado conforme la función pública para la cual habían sido designados.
También están imputados Alberto Eduardo Camps, teniente del Comando de Artillería 141 acusado por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 29 víctimas; y Jorge Omar Caram, ex médico de la Policía de la Provincia de San Luis por su rol durante las sesiones de torturas.
Finalmente, el 26 de octubre comenzará en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el juicio "Armada 2", que estará a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava.
Este será el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en la ciudad de Bahía Blanca y en esta oportunidad .
, provincia de Buenos Aires. La causa tiene 13 imputados, que en su mayoría son ex miembros de altos rangos de la fuerza armada. Entre los acusados, 12 de ellos llegan por primera vez a esta instancia. La causa comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!!

Continuarán esta semana distintos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy lunes 1 de octubre comenzará los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio
por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
También hoy continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy lunes continuarán, en Entre Ríos, los alegatos del juicio de la causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
Hoy y el jueves 4 de octubre continuarán los alegatos en el juicio conocido como "Megacausa Rafaela", que juzga lo ocurrido entre 1978 y 1980 a Silvia Suppo, Reinaldo Hattemer, Hugo Suppo, Rubén Carignano, Jorge Destefanis, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.
En este juicio están imputados el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa.
La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico asesinato de ella, en marzo de 2010.
Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenó el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Suppo, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino.
Mañana martes, continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Mañana se realizará una inspección ocular a la planta de Ford.
Este juicios tiene 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense. Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
En tanto, mañana y el miércoles 3 de octubre continuarán las ampliaciones de la indagatorias del segundo juicio que se realiza en la provincia de La Pampa denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
Entre los casos que se analizan en este juicio se encuentran los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas y fueron trasladadas al Pozo de Banfield, donde  María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.
También se investiga el secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada a Teresa Isabel González, quien la inscribió como hija propia.
También se incluyen los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos secuestrados con sus compañeras e hijas.
Por estos hechos son juzgados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. Ellos son: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza.
El viernes 5 de octubre proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría.