LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Continuarán esta semana distintos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy lunes 24 de septiembre continuará, en Entre Ríos, la causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
También el lunes, continuará el juicio "Sheraton", tal el nombre del centro clandestino de detención situado en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, partido bonaerense de La Matanza. Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
En tanto, también hoy, proseguirá en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
Tras el paro nacional de mañana 25 de septiembre, los juicios continuarán el miércoles 26.
Proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
Entre los casos que se analizan en este juicio se encuentran los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas y fueron trasladadas al Pozo de Banfield, donde  María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.
También se investiga el secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada a Teresa Isabel González, quien la inscribió como hija propia.
También se incluyen los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos secuestrados con sus compañeras e hijas.
Por estos hechos son juzgados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. Ellos son: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza.
También el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
En tanto, el jueves 27 de septiembre comenzarán los alegatos de la defensa en el juicio que se desarrolla en los tribunales federales de San Martín el juicio contra Luis Abelardo Patti, actualmente detenido en el penal de Ezeiza a cadena perpetua,  por el secuestro, tortura y homicidio del periodista y militante peronista Ricardo Gabriel Giménez, cometido en enero de 1976, dos meses antes del golpe de Estado. Su cuerpo permaneció como NN durante 32 años y fue identificado en 2008 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
También el jueves proseguirá ante el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, los alegatos en el juicio que tiene al represor condenado Miguel Etchecolatz y a otros ocho imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y torturas "Cuatrerismo-Brigada Güemes", partido de La Matanza y en la Comisaría 1° de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.
El jueves y viernes proseguirán en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.
También el jueves y viernes continuará el proceso conocido como "Megacausa Rafaela", que juzga lo ocurrido entre 1978 y 1980 a Silvia Suppo, Reinaldo Hattemer, Hugo Suppo, Rubén Carignano, Jorge Destefanis, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.
A este juicio están imputados el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa.
La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Silvia Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico asesinato de Suppo, en marzo de 2010.
Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenó el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Suppo, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!!

Juicio por crímenes de Lesa Humanidad en Mendoza: cinco prisiones perpetuas

La justicia federal de Mendoza dictó el 20 de septiembre sentencia en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia, que alcanzó a oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la policía provincial que fueron juzgados por siete desapariciones y cuatro homicidios. Cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua. 
Este proceso fue el primero que sentó en el banquillo a miembros de la policía mendocina que participaron en el terrorismo de Estado.
Fueron condenados a perpetua Pablo Gutierrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego F. Morales Pastrán, Ricardo B. Miranda y Juan Carlos Santamaría.  A su vez, también recibieron penas de prisión Carlos Ledesma Luna, Armando Carelli (ambos a 22 años), Armando Fernández (20 años), Ramón Puebla, Roberto Usinger (ambos a 14 años), Dardo Migno, Mario Laporta (los dos a 12 años), Miguel Salinas, Carlos Alvarez Lucero, Miguel Angel Tello (los tres a 5 años), José Mirotta, Marcelo León y Carlos Rico (los tres a 4 años y 6 meses). Resultó absuelto Luciano Marín.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Cisneros, Alejandro Piña y Gretel Diamante, dictó condenas por los homicidios de Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar.
Además se analizaron siete desapariciones: las de Jorge Daniel Moyano y Olga Roncelli de Saieg a manos de la D2 de la policía mendocina; y las de Mauricio López, Osvaldo Zuin, Ramón Fernández, Carlos y María del Carmen Marín. Estos últimos cinco desaparecidos pasaron por el centro clandestino de detención ubicado en el Campo Las Lajas, cuyo responsable fue el vicecomodoro Juan Carlos Santamaría uno de los condenados a perpetua. También salió a luz lo sucedido en el Casino de Suboficiales del Ejército, en el predio de Boulogne Sur Mer, donde estuvieron detenidas 16 mujeres que fueron torturadas.

En el juicio testimoniaron cincuenta personas y ocho de los condenados, entre ellos Usinger, Salinas y Alvarez ya habían recibido condenas en juicios anteriores en la provincia. Siete represores, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, murieron antes de que se dictada la condena.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

JORGE JULIO LÓPEZ: A 12 AÑOS DE SU SEGUNDA DESAPARICIÓN

El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López desaparecía por segunda vez y se convertía en el primer desaparecido en democracia.
Jorge Julio López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. Militante en una unidad básica de Montoneros, López pasó por distintos centros clandestinos de detención del circuito Camps: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata. El 4 de abril de 1977 fue legalizado en la cárcel de La Plata (U9), donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979.
Declaró por primera vez sobre los tormentos que sufrió y los asesinatos que vio en los denominados Juicios por la Verdad el 7 de julio de 1999. Tras la derogación de las Leyes del Perdón y el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, volvió a declarar en noviembre de 2005 en la instrucción de la causa contra el represor Miguel Etchecolatz  (ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura) y en el juicio oral el 28 de junio de 2006.
López era querellante en la causa del “Circuito Camps” y aportó datos centrales para lograr la primer condena de Etchecolatz, como jefe de la División de Investigaciones, responsable del operativo que derivó en la “Noche de los Lápices”, del funcionamiento de los 21 centros clandestinos de detención ubicados en la provincia de Buenos Aires, y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.
El 18 de septiembre de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, López desapareció por segunda vez, entre las 0 y las 7 de la mañana, según consta en el expediente judicial. Ese día este albañil de entonces 77 años, nacido en General Villegas, iba a concurrir a los tribunales de La Plata para presenciar la última jornada de alegatos, ya que la sentencia del juicio, que condenó por primera vez Etchecolatz a cadena perpetua, estaba prevista para el 19 de septiembre.
En la investigación judicial, que tuvo idas y venidas, no hay imputados y los únicos procesados son personas acusadas de impedir las líneas de investigación. Doce años después, aún no hay noticias de su paradero.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA:

SEGUNDA SENTENCIA A REPRESOR QUE INTENTÓ SER LIBERADO POR EL 2X1 

El Tribunal Oral Federal 2 porteño el pasado viernes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-milirar a Luis Muiña, el represor al que intentó liberar con la aplicación del “2x1” la Corte Suprema de Justicia.
Muiña, un civil que meses después del golpe de Estado integró una patota parapolicial, conocida como “Grupo SWAT”, que actuaba en el Hospital Alejandro Posadas, recibió la pena de prisión perpetua. 
En tanto, los otros dos imputados: el represor Argentino Ríos, un ex portero que conocía a todos los trabajadores y se transformó en clave a la hora de suministrar información al grupo de tareas, llegó al juicio con procesamiento firme por secuestros, torturas y asesinatos en el policlínico de Haedo pero murió impune el mes pasado; y el dictador Reynaldo Bignone quien falleció antes del inicio del juicio.
Muiña fue juzgado por los casos de seis víctimas, dos de las cuales fueron asesinadas: Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester. Roitman era médico, fue secuestrado el 2 de diciembre de 1976 de su casa y llevado detenido-desaparecido a "El Chalet". Su cuerpo estuvo desaparecido hasta el año pasado, cuando fue encontrado de casualidad mientras se realizaban obras en los terrenos del Hospital. Chester trabajaba en el Departamento de Estadísticas y cumplía funciones en la guardia. Fue secuestrado de su casa el 26 de noviembre de 1976 y fue llevado detenido-desaparecido a "El Chalet". Su cuerpo apareció el 2 de diciembre de ese año en el Río de la Plata. 

En 2011 Muiña había sido condenado a 13 años de prisión en el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el Posadas aunque para la mayor parte de la sociedad fue un desconocido hasta el 3 de mayo de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco pretendieron aplicarle el beneficio del 2x1, es decir computarle doble los días en prisión sin sentencia firme. Sin embargo, miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo y en plazas de todo el país para repudiar este fallo y lograron que el Congreso anulara en tiempo récord su original interpretación de una ley que había sido derogada antes de la reapertura de los procesos de lesa humanidad.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Con la posible sentencia del juicio que se realiza en Mendoza conocida como "Causa Unificada", continuarán esta semana distintos procesos por delitos de lesa humanidad comentidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy lunes 17 de septiembre continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy comenzarán, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la Capital Federal, los alegatos de las querellas en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
Mañana martes, continuarán las testimoniales en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Hay 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense. Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
También el martes,
en Santa Rosa, La Pampa, continuarán las audiencias del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
Además, el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
En tanto, el miércoles 19 de septiembre continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
También el miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
Entre los casos que se analizan en este juicio se encuentran los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas y fueron trasladadas al Pozo de Banfield, donde  María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.
También se investiga el secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada a Teresa Isabel González, quien la inscribió como hija propia.
También se incluyen los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos secuestrados con sus compañeras e hijas.
Por estos hechos son juzgados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. Ellos son: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza.
El miércoles, jueves y viernes continuará en Paraná el juicio en el marco de la
causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
En tanto, el viernes 21 proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría.
También el viernes, continuará, con sendas inspecciones oculares a la Comisaría 4ta de Santa Fe y la Guardía de Infantería Reforzada, el  proceso conocido como "Megacausa Rafaela", que juzga lo ocurrido entre 1978 y 1980 a Silvia Suppo, Reinaldo Hattemer, Hugo Suppo, Rubén Carignano, Jorge Destefanis, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.
Est
A este juicio están imputados el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa.
La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico asesinato de ella, en marzo de 2010.
Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenó el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Suppo, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino.
Finalmente el viernes está previsto que se conozca la sentencia del juicio que se sustancia en Mendoza contra 26 genocidas, que abordó los crímenes contra 86 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), en la Delegación local de la Policía Federal y en el denominado Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.

A 42 años de La Noche de los Lápices: el compromiso de un grupo de estudiantes frente a la dictadura

Estudiantes del Colegio Normal 3 de La Plata eran secuestrados hace 42 años por efectivos a la órdenes del entonces jefe de la Policía bonaerense, el coronel Ramón Camps, en el marco de un hecho denominado como "La Noche de los Lápices", y que con los años se convirtió en un crimen emblemático del terrorismo de Estado contra la juventud.
Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).
En agosto de 1976, la dictadura decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que había encabezado este reclamo.
Así consta en un documento de inteligencia titulado "La Noche de los Lápices", que años más tarde fue hallado en dependencias de la la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, "integrantes de un potencial semillero subversivo".
La noche del 16 de septiembre de 1976 -en coincidencia con el aniversario 21 del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón- se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años.
La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a la organización Montoneros.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de esa acción criminal.
En tanto que el 17, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.
Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.
Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer varias semanas cautivos e ilegalizados en ese centro de detención ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
Miranda también salió con vida de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.
Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.
El resto de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.
En 1985, Díaz testimonió en el "Juicio a la Juntas" donde dio cuenta de sus padecimientos, y en base a sus vivencias, los periodistas María Seoane y Héctor Ruíz Núñez escribieron el libro "La Noche de los Lápices", publicado ese año.
El libro dio origen a una película, que se estrenó en 1987 y se convirtió en un éxito de taquilla, mientras el Congreso sancionaba la Ley de Obediencia Debida como consecuencia de la rebelión carapintada que el teniente coronel Aldo Rico lideró contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
Esa ley impidió en los años '80 que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.
Tras derogarse en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes.
Al ex policía se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas.
Pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser identificados.
El ex cabo de la policía Roberto Grillo, que participó en el secuestro de los estudiantes le confió hace años a la familia Ungaro que debió "quemar los cuerpos de los chicos", pero que él no los mató.
En reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, un homenaje para que "los lápices sigan escribiendo" páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia.

VUELVEN A RECLAMAR QUE LOS DELITOS SEXUALES EN LA DICTADURA SEAN DE LESA HUMANIDAD

La ex presa política Stella Hernández, es actualmente secretaria de Organización del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) e integrante de la CTA de los Trabajadores, pidió que las violaciones y abusos ocurridos en los centros clandestinos de detención durante la dictadura cívica-militar, vejaciones que ella misma sufrió, sean considerados delitos de lesa humanidad.
Hernández fue secuestrada en enero de 1977, cuando tenía 19, y llevada al Servicio de Información (SI) de la Policía de Rosario durante la última dictadura cívico-militar.
Ayer miércoles brindó su testimonio en el marco del juicio por la causa Feced III, en que acusó una vez más por violación al represor Mario Marcate, alias "El Cura".
Marcote era conocido como “El Cura” en los centros clandestinos de detención porque de su cuello colgaba un gran crucifijo. Hernández lo identificó en sus declaraciones como “un violador serial” y que la violencia sexual “era su especialidad”.
"Es duro, pero hay que hacer el esfuerzo por las compañeras que no están", dijo Hernández, en la puerta de los Tribunales Federañes de Rosario de la calle Oroño, acompañada por amigos y representantes de organizaciones gremiales, políticas y de derechos humanos.
La periodista, quien precisó que la de ayer fue su tercera declaración en un juicio oral, enfatizó que "tengo muchas compañeras y compañeros que estamos acá haciendo fuerza para que haya justicia, que los delitos sexuales sean considerados de lesa humanidad y que se termine este maldito patriarcado".
En su declaración, Hernández narró sus seis meses de detención desde el 11 de enero al 23 de junio de 1977 y aportó información sobre los represores, desde apodos, nombres y apellidos, y de las víctimas que conoció durante su cautiverio.
Cuando se reabrieron los juicios de lesa humanidad en 2006, tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, reaparecieron testimonios de mujeres que habían sufrido violaciones en los centros clandestinos de detención.
Algunas de esas denuncias, como la de Hernández, ya habían sido registrados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) y denunciados en el Juicio a las Juntas Militares, en 1985, pero no habían sido considerados delitos autónomos.
En 2010, se dictó el primer fallo que consideró a las violaciones como delitos de lesa humanidad, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un ex agente civil de Inteligencia, que falleció en 2012 mientras cumplía su condena en la cárcel de Las Flores de la capital santafecina.
El juicio por la causa Feced III fue postergada tres veces y finalmente comenzó el 5 de abril pasado y en el se juzga a 13 policías.
Además de Marcote están imputados Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Daniel González, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara.

Identifican los restos de un joven militante asesinado en la Masacre de Margarita Belén en Chaco


Carlos Enrique Tereszecuk, tenía 24 años al momento de su desaparición. Había sido visto por última vez por los sobrevivientes de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976 en la provincia del Chaco.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió su informe pericial en la causa abierta desde el año 2005 ante la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Corrientes y, por requerimiento de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal.
El EAAF infirmó que "con base en los resultados del estudio antropológico y genético, se concluye que los restos esqueletarios estudiados, denominados como CR-EMP 3 corresponden a Carlos Enrique Tereszecuk".
En la causa abierta desde 2005 se vienen llevando adelante tareas de investigación y exhumación de restos óseos en procura de dar con el paradero de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Corrientes.
La primera exhumación se realizó en junio de 2006 en el cementerio de la localidad de Empedrado, donde se recuperaron cuatro conjuntos de restos óseos. En los años 2007 y 2014 se identificaron a dos de ellos: el primero fue de un estudiante correntino -Rómulo Artieda- y el segundo un estudiante formoseño- Julio Andrés Pereira-. De ese conjunto de restos óseos, en esta oportunidad pudo hallarse la confirmación de la identidad de otro estudiante, en este caso de la provincia de Misiones, Carlos Enrique Tereszecuk.
Carlos Enrique Tereszecuk había nacido en la ciudad de Posadas y tenía 24 años al momento de su desaparición. Estudió Filosofía y Teología en Córdoba y de regreso a su ciudad natal -Posadas-, continuó sus estudios en la escuela de Servicio Social, donde fue elegido vicepresidente del movimiento estudiantil.
La persecución lo llevó a esconderse de las fuerzas represivas en Posadas de casa en casa cada día, luego en las zonas rurales, para posteriormente trasladarse a Resistencia, donde fue visto por última vez con vida por sobrevivientes de la Masacre de Margarita Belén, en la Jefatura de Policía de esa ciudad.
Estas identificaciones reafirman que el sistema utilizado para el aniquilamiento y posterior ocultamiento de cuerpos, de una parte de las víctimas del terrorismo de estado en ésta zona fue arrojarlos a las aguas del Río Paraná, buscando con ello asegurarse la impunidad.
La familia de Carlos ya fue notificada de la confirmación de la identidad y se encuentran a la espera de la llegada de los mismos desde la ciudad de Buenos Aires, para ser entregados por el Juez Federal para así luego llevarlos a su tierra natal, donde podrán por fin despedirlo y darle sepultura según sus creencias.

Fuente: Fiscales.gob.ar

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Con el veredicto el viernes 14 del proceso sobre violaciones a los derechos humanos en la causa "Hospital Posadas II", continuarán distintos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Hoy continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investigará crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy, pero en Entre Ríos, se realizará una inspección ocular en el marco de la
causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
Mañana martes, continuarán las testimoniales en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Hay 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense. Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
El miércoles 12 de septiembre, en Santa Rosa, La Pampa, continuarán las audiencias del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
Además, el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
El jueves 13 de septiembre proseguirán en Mendoza los alegatos de las defensas en el juicio contra 26 genocidas, que aborda los crímenes contra 86 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), en la Delegación local de la Policía Federal y en el denominado Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.
También el jueves proseguirán en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.
En San Juan, también el jueves, comenzarán las palabras finales de los acusados en el juicio denominado Megacausa II, que investiga delitos de lesa humanidad en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.
El jueves, en tanto, ante el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzarán los alegatos de las querellas en el juicio que tiene al represor condenado Miguel Etchecolatz y a otros ocho imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y torturas "Cuatrerismo-Brigada Güemes", partido de La Matanza y en la Comisaría 1° de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.
El jueves y el viernes 14 continuará, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el proceso conocido como "Megacausa Rafaela", que juzga lo ocurrido entre 1978 y 1980 a Silvia Suppo, Reinaldo Hattemer, Hugo Suppo, Rubén Carignano, Jorge Destefanis, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.
A este juicio están imputados el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa.
La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Silvia Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico asesinato de Suppo, en marzo de 2010.
Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenó el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Suppo, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino.
Puntualmente, el viernes se realizará una inspeccion en los centros de detención por los que pasó Suppo: la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y la comisaría 4ª.
Finalmente, el viernes se conocerá el veredicto en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en cuyas instalaciones funcionó un centro clandestino, "El Chalet".
Los genocidas son juzgados por los casos de seis víctimas, dos de las cuales fueron asesinadas: Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester. Roitman era médico, fue secuestrado el 2 de diciembre de 1976 de su casa y llevado detenido-desaparecido a "El Chalet". Chester trabajaba en el Departamento de Estadísticas y cumplía funciones en la guardia. Los genocidas juzgados son Argentino Ríos y Luis Muiña. Los dos participaron en el autodenominado "Grupo SWAT": un grupo de tareas para cometer delitos de lesa humanidad.

ORGANISMOS DE DD.HH. PIDEN AL PAPA FRANCISCO QUE EXPULSE DE LA IGLESIA AL CURA VON WERNICH 

En una carta, organismos de derechos humanos le solicitaron al Papa Francisco que "arbitre las medidas necesarias para expulsar del estado clerical al actualmente sacerdote Christian Federico Von Wernich".

"Von Wernich ostentó el cargo de capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose con la jerarquía de oficial 5to. administrativo y oficial subinspector profesional desde el 21 de marzo de 1977 al 19 de abril de 1979 en 9 de Julio; desde el 19 de abril de 1979 al 17 de marzo de 1983 en la Dirección General de Investigaciones de La Plata, y desde el 16 de marzo de 1983 al 31 de mayo de 1985 en la Unidad Regional Junín; y desde ese cargo cometió delitos de lesa humanidad", le recuerdan al Sumo Pontífice en la misiva.

Precisan que "se encuentra acreditado mediante sentencia condenatoria firme que el sacerdote ha participado durante la última dictadura cívico-militar de lo que hoy se conoce en nuestro país como “circuito Camps”, integrado por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio dependientes de la jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraban en el Área Operacional 113". 

En 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal 1 de La Plata condenó a Von Wernich a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio cometidos contra 41 víctimas. Dicha condena fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal el 27 de marzo de 2009. 

Finalmente, el 19 de mayo de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja por recurso extraordinario denegado presentada por Von Wernich. 

"La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas", destacan en la carta y sostienen que "Von Wernich usó su posición dentro de la Iglesia Católica para vulnerar la vida, la integridad física y la libertad de personas en situación de extrema vulnerabilidad, y procuró garantizar la impunidad de los responsables de los más graves crímenes.

Actualmente, Von Wernich continúa siendo clérigo y hasta ha celebrado misa y dado la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad que comparten prisión con él en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

Firman la carta: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!

Condenan a Santiago Riveros a 45 años de prisión pero absuelven a médico de Campo de Mayo

El Tribunal Federal de la Ciudad de Buenos Aires condenó al multicondenado genocida Santiago Riveros a 45 años de prisión por los secuestros y las torturas que sufrieron 11 mujeres embarazadas durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención que funcionó Campo de Mayo y el robo de sus hijos e hijas nacidos en la maternidad clandestina que funcionó ahí.
En tanto, el Tribunal absolvió al médico Raúl Martín, quien estuvo a cargo del centro de salud.
En este juicio, Riveros fue condenado a 45 años de prisión por haber sido hallado responsable de a apropiación y retención de los bebés de Beatriz Recchia de García, María Teresa Trotta, Rosa Luján Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Galeano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda y Valeria Beláustegui Herrera, así como por los secuestros y torturas aplicadas a Trotta, Taranto, Galeano y Ogando, todos hechos sucedidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Riveros fue jefe de Institutos Militares, una guarnición que tenía como base el predio de Campo de Mayo, ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y titular de la Zona 4 del Ejército.
El represor fue condenado por primera vez a a prisión perpetua en cárcel común en 2009, por las torturas que sufrió el adolescente Floreal Avellaneda y su muerte; en 2012 fue condenado en el histórico juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés; en 2017 fue condenado por los crímenes cometidos contra conscriptos, además fue sentenciado a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en un centro clandestino que funcionó en Villa Ballester, entre otros procesos.

RAFECAS SOBRE JUICIOS DE LESA HUMANIDAD: "SIGUEN ADELANTE"

El juez federal Daniel Rafecas aseguró que las investigaciones y los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar "siguen adelante" y precisó que 2017 "fue récord" en el dictado de sentencias.

Rafecas visitó este fin de semana la provincia de La Pampa para presentar, en la Facultad de Ciencias Humanas, su libro “El crimen de tortura. En el Estado autoritario y en el Estado de Derecho”, en el que realiza un recorrido histórico del fenómeno de la tortura desde la última dictadura militar en el marco del terrorismo de Estado hasta las condiciones actuales en cárceles y comisarías.

Como juez nacional penal Nº 3 de Capital Federal, Rafecas llevó adelante la instrucción de la megacausa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983, y comparó al genocidio argentino con el nazismo.

En diálogo con El Diario La Arena de esta provincia, Rafecas destacó que "en el año 2017 fue récord en el total del país, en sentencias dictadas en materia de lesa humanidad. Es un dato que es bastante claro, y permite ver que al menos las investigaciones, procesos y juicios, siguen adelante".

"Nosotros (en referencia a su juzgado) hoy en día seguimos trabajando con la misma tranquilidad, el mismo ímpetu, el mismo personal y los mismos contratos que hace cuatro o cinco años", dejó en claro.

Al ser consultado si cambió en los últimos años el criterios para otorgar las prisiones domiciliarias, Rafecas explicó que sobre este tema "hay un malentendido" y puso de ejemplo el caso del represor Miguel Etchecolatz, quien "solicitó el arresto domiciliario y no se lo otorgaron en primera instancia. Un tribunal oral sí se lo otorgó, pero luego fue a la Cámara de Casación Penal, que es el órgano más alto y se la revocaron. Etchecolatz hoy está preso. Es un buen ejemplo de que no hay cambios en la jurisprudencia". 

En ese sentido, explicó que "hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo los imputados cada vez son más grandes, pasan los 80 años, se agravan sus cuadros de salud y por razones humanitarias esas prisiones preventivas terminan en arrestros domiciliarios, porque terminamos incurriendo en una prohibición constitucional, que es que una detención se convierta en un trato cruel, que no se puede hacer en un Estado de derecho".

JUICIOS:  AUDIENCIAS SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE

Con el veredicto hoy del proceso sobre violaciones a los derechos humanos en la causa "Hospital Militar II" y el inicio previsto para el jueves de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de La Rioja, continuarán distintos juicios en todo el país.

Hoy se leerá, en los tribunales porteños de Comodoro Py, el veredicto del juicio por la apropiación de niños y niñas en el Hospital Militar Central durante la última dictadura, que tiene como acusados al ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y al médico Raúl Martín.

Por otra parte, el jueves comenzará en La Rioja un nuevo proceso en el que están citados aproximadamente 30 testigos en la causa caratulada "Chiarello Miguel Ángel y otros". En esta causa se juzgarán delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas agravadas, allanamientos ilegales y asosicación ilícita; están imputados Chiarello Miguel Ángel, Estrella Luis Fernando, Bernaus José Félix, Ganem Roberto Reynaldo, Goenaga Eliberto Miguel, González Ramón Miguel, Moliné Leonidas Carlos, Pellacchi Adrián Juan, Pezzetta Angel Ricardo, Salas Lenin Aldo, Santacrocce Alfredo y Videla Luis Enrique.

En tanto, el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.

También el miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.

Entre los casos que se analizan en este juicio se encuentran los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.

También se investigan los hechos en torno al secuestro de María Lavalle, hija de Mónica María Lemos quien, después de ser secuestrada con sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y la permanencia en el lugar de su hermana recién nacida, María José Lavalle Lemos, quien fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.

También se incluyen los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos fueron secuestrados con sus compañeras e hijas.

Por estos hechos fueron imputados integrantes del Ejército, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y miembros del gobierno civil a cargo de la provincia. Ellos son: Rodolfo Enrique Godoy, responsable del Area 114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Carlos María Romero Pavón, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luis Baume y Roberto Armando Félix, a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo; Héctor Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vidal y Ricardo Juan García, quienes se desempeñaron en el lugar y participaron directamente en secuestros y torturas. Finalmente, los abogados Jaime Lamont Smart y Juan María Torino facilitaron los recursos desde su desempeño en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1º de La Matanza.

También el miércoles continuarán los alegatos, ante el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, en el juicio que tiene al represor condenado Miguel Etchecolatz y a otros ocho imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y torturas "Cuatrerismo-Brigada Güemes", partido de La Matanza y en la Comisaría 1° de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

El jueves proseguirán en Mendoza los alegatos de las defensas en el juicio contra 26 genocidas, que aborda los crímenes contra 86 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Dirección de Informaciones de la Policía mendocina (D2), en la Delegación local de la Policía Federal y en el denominado Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.

El jueves y viernes continuará, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el proceso conocido como "Megacausa Rafaela", que juzga lo ocurrido entre 1978 y 1980 a Silvia Suppo, Reinaldo Hattemer, Hugo Suppo, Rubén Carignano, Jorge Destefanis, Graciela Rabellino y Ricardo Díaz.

A este juicio están imputados el ex jefe de la seccional 4ª Ricardo Ferreyra, el ex coordinador del Area 212 que operaba en la GIR Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera María Eva Aebi y Farina. El quinto era el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 Jorge Roberto Diab, que falleció en mayo de 2015 en su casa.

La investigación llega a juicio 13 años después de la denuncia de Silvia Suppo y su ex esposo ya fallecido Jorge Destéfani, en febrero de 2005. Y ocho años después del trágico asesinato de Suppo, en marzo de 2010.

Era una persecución política a militantes de la Juventud Peronistas de Rafaela que ordenó el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón. Y terminó con la desaparición de Reinaldo Hattemer, el homicidio de Rubén Carignano y el secuestro y torturas que padecieron Suppo, su hermano Hugo Suppo, Destéfani y sus compañeros Ricardo Díaz y Graciela Rabellino.

El jueves, también continuarán los alegatos en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en cuyas instalaciones funcionó un centro clandestino, "El Chalet".

Los genocidas son juzgados por los casos de seis víctimas, dos de las cuales fueron asesinadas: Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester. Roitman era médico, fue secuestrado el 2 de diciembre de 1976 de su casa y llevado detenido-desaparecido a "El Chalet". Chester trabajaba en el Departamento de Estadísticas y cumplía funciones en la guardia. Los genocidas juzgados son Argentino Ríos y Luis Muiña. Los dos participaron en el autodenominado "Grupo SWAT": un grupo de tareas para cometer delitos de lesa humanidad.

El jueves proseguirá la etapa de palabras finales de los imputados, en el marco del juicio denominado Megacausa II, que investiga delitos de lesa humanidad en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.

En tanto, el viernes, proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría.