lunes, 22 de octubre de 2018

GUERRA DE MALVINAS: SIGUE CAUSA POR TORTURAS A SOLDADOS

Justicia resolvió que debe profundizarse la investigación sobre torturas a soldados en Malvinas

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó ue la causa en que se investigan las torturas cometidas por miembros de las fuerzas armadas argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas debe continuar su trámite.
Lo hizo en el marco de los recursos de apelación presentados por la defensa del denunciado Jorge Eduardo Taranto, que además había objetado la calidad de querellante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los jueces señalaron que "tal es la tendencia jurisprudencial que se inclina a mantener la acción penal en aquellos casos en que se alega la comisión de crímenes contra la humanidad, mientras haya una probabilidad razonable de que los hechos sobre la base de los cuales se postula la imprescriptibilidad encuadren en tal categoría”.
Agregaron que "en el caso justamente la inclusión o no de los hechos en la categoría de delitos de lesa humanidad resulta objeto de debate, derivándose de allí el interés de los querellantes (CECIM). Y aún cuando la respuesta no fuera afirmativa, se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos".
Con esta resolución, la Cámara confirmó la resolución del Juez de primera instancia, Federico Calvete, que ya había rechazado las pretensiones de la defensa de Taranto.
Ahora, el juez deberá avanzar en las solicitudes de detención y llamar a prestar declaración indagatoria de 26 denunciados, como reclamó en mayo de 2018 el fiscal federal Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La causa se inició en 2007 y ya se presentaron 120 denuncias, que alcanzan a 95 militares de las fuerzas armadas por la presunta comisión de torturas, pasibles de ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad en, al menos, 105 casos.
En tanto, Taranto, subteniente durante el conflicto bélico de 1982, ya había logrado a su favor en noviembre de 2009, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en lo que hace a otros hechos de la misma causa.
La sala I de la Casación había revertido dos fallos de primera y segunda instancia que lo tenían como protagonista y, en una controvertida decisión, consideró que los delitos en cuestión, adjudicados a Taranto, no fueron de lesa humanidad y por ende prescribieron y por una cuestión de forma, la apelación de los ex conscriptos no llegó a ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nunca se expidió sobre el fondo del asunto– y el caso de las torturas en Malvinas terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expediente contra el Estado argentino que sigue su curso.

EN LA "ESCUELITA DE FAMAILLÁ" FUNCIONA LA BIBLIOTECA "HILDA GUERRERO DE MOLINA"

INAUGURAN BIBLIOTECA EN DONDE FUNCIONÓ EL PRIMER CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN ARGENTINO

Desde el sábado 20 de octubre funciona la biblioteca "Hilda Guerrero de Molina", instalada en el predio en el que funcionó la llamada "Escuelita de Famaillá", el primer centro clandestino de detención de la Argentina que operó desde 1975 hasta fines de 1978 en el sur de Tucumán.
La ex escuela Diego de Rojas, tal su nombre original, fue declarado en diciembre de 2015 como un Espacio de Memoria y Promoción de Derechos Humanos y desde el sábado tiene su propia biblioteca que fue inaugurada en el marco de la Octava Bienal de Fotografia Documental, que comenzó el pasado miércoles 17 de octubre en la provincia.
Conocido como "La Escuelita de Famaillá", este centro clandestino de detención estaba ubicado a 42 km de la capital tucumana y funcionó a partir del inicio del Operativo Independencia en 1975, luego de que la ex presidenta Estela Martínez de Perón firmará un decreto que ordenaba a las fuerzas armadas desembarcar en la provincia.
Se calcula que en este lugar estuvieron detenidas ilegalmente más de 200 mil personas y que fue utilizada para esos fines hasta 1978, año en que comenzó a funcionar como escuela primaria.
En diciembre de 2015, La Escuelita fue declarada Espacio Nacional de Memoria y Promoción de Derechos Humanos a partir de la Ley 26.691.

QUIÉN FUE HILDA GUERRERO DE MOLINA?
Hilda Guerrero de Molina


En 1962 comenzó una crisis azucarera en el noroeste argentino que produjo el endeudamiento generalizado de los pequeños ingenios. En Tucumán había por entonces 18.602 explotaciones de caña de azúcar que daban trabajo a 20 mil cañeros y 80 mil zafreros. En 1965 comenzaron los conflictos y huelgas. La Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) llamó a ocupar los ingenios.
En este marco, una de las primeras medidas de la dictadura que había tomado el poder en 1966 con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza fue intervenir varios ingenios tucumanos y cerrar otros cinco.
La FOTIA organizó entonces un Plan de Lucha Azucarera Nacional, que contemplaba la organización de ollas populares y concentraciones en las ciudades del interior de la provincia. Hilda Guerrero, madre de cuatro hijos, era una de las mujeres que organizaban las ollas populares en la localidad tucumana de Bella Vista, ya que su marido Juan Molina había sido despedido del ingenio el 20 de diciembre de 1966.
El 12 de enero de 1967, la FOTIA y la CGT llamaron a una concentración en Bella Vista. La noche anterior desde Santa Lucía, con mil obreros despedidos y otros mil en actividad, salieron sólo 40 personas. Estaban Hilda Guerrero de Molina, su marido, otros vecinos y los dirigentes sindicales del momento: Zelarayán, Flórez, Galván, Totó Rodríguez, Francisco Guerrero. La policía vigilaba rutas y caminos para impedir la concentración, por eso se fueron caminando a través de cañaverales, cruzando ríos, pasaron Caspinchango, Famaillá, atravesaron la ruta 38 y a las 8 hs llegaron a Bella Vista.
Alrededor de las 11 hs la policía avanzó ante la gente, vieron a Hilda cruzar la calle junto a su primo Jorge Guerrero, ya en la otra orilla volvió su rostro mirando a los policías. Recibió un certero disparo en la frente que salió por la nuca haciendo un gran agujero. Inmediatamente la levantaron, la llevaron al hospital donde murió producto de ese brutal asesinato.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!!

Con tres sentencias continuarán esta semana los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
Hoy lunes 22 de octubre se conocerá en San Juan la sentencia a dos acusados en el juicio denominado Megacausa II, que investiga delitos de lesa humanidad en jurisdicción del área militar 332, que dependía del III Cuerpo de Ejército.
Mañana martes 23 de octubre se conocerá el veredicto de la causa conocida como "Melli", que investiga la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En este juicio se juzga la la responsabilidad de los médicos Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, del IPP de Paraná, en la apropiación ocurrida entre febrero y marzo de 1978 en Paraná.
Finalmente, el viernes 26 de octubre se conocerá la sentencia por delitos en los centros clandestinos que funcionaron bajo el mando de Miguel Etchecolatz conocidos como Puente 12 y la comisaría de Monte Grande.
El viernes, además de Etchecolatz, escuchará su sentencia el ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. Para la fiscal, ambos son los "máximos responsables" de esos "chupaderos", ubicados en la zona sur del Gran Buenos Aires. A los dos se les endilgó, además, responsabilidad –coautoría– en varios homicidios, según informó la Unidad especializada en delitos de lesa humanidad.  
La fiscal basó su pedido de sentencia en el rol jerárquico que ejercía Etchecolatz al momento de los hechos que estuvieron bajo análisis en el juicio: los secuestros y las torturas que sufrieron 125 hombres y mujeres en los centros clandestinos Puente 12, que también se llamó Cuatrerismo y Brigada Güemes, y la Comisaría Primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría. De esas víctimas, 64 permanecen desaparecidas. Once eran mujeres embarazadas. 
Además el Tribunal 6 deberá definir también la situación de otros siete represores enjuiciados: José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, que integraban la Dirección General de Investigaciones de la policía bonaerense en calidad de subinspectores; los ex cabos de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino; el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado; y los ex guardias dedicados a la custodia de las personas secuestradas Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso. 
Por otra parte, hoy lunes culminará su alegato el Ministerio Público Fiscal en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
También hoy lunes continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas y los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
El martes 23 de octubre continuará ante el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
El martes y el jueves continuará el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados en este juicio: Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.
El miércoles 24 de octubre, en tanto, proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
El jueves y viernes continuará en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.

sábado, 20 de octubre de 2018

LOS JUICIOS SON AHORA: BAHÍA BLANCA-ARMADA II

Comenzó segunda parte del Juicio "Armada" en Bahía Blanca

Un nuevo juicio de lesa humanidad comenzó ayer viernes 19 de octubre en Bahía Blanca. Es el sexto que se realiza en esta ciudad bonaerense y es la segunda parte de la denominada "Causa Armada" y que tiene a 18 genocidas sentados en el banquillo de los acusados.
El Tribunal Oral, compuesto por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu, los juzgará por al menos 65 crímenes, 17 de los cuales aún no se conoce el paradero de las víctimas.
El juicio contará con 25 testigos, alguno de los cuales ya testimoniaron en la primera parte de la causa.
Desde H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca calificaron al contexto actual como "tiempos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos" y apuntaron contra "el gobierno de Cambiemos". Prueba de ello es que de los 18 imputados sólo uno llegó a esta etapa del juicio con prisión efectiva, por portación de armas de fuego, mientras que el resto gozan el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los imputados que serán juzgados son Ricardo César Araujo, Mario José, Bilesio, Luis Oscar Conti, José Abdala Figueroa, Álvaro Hernán Hermelo, Rómulo Augusto Illa, Carlos Enrique Lacoste, Carlos Alberto Louge, Alejandro Carlos Lorenzini, Rodolfo Carmelo Francisco Lucheta, Ricardo Joaquín Molina, Aristóbulo Nicanor Moreira, Arturo María Quintana, Herberto José Rubatino, Emilio José Schaller y Miguel Ángel Torrá.
Sólo cuatro de los acusados -Lacoste, Quintana, Conti y Bilesio- asistieron a la primera jornada del debate oral, en que se leyeron las imputaciones que pesan sobre ellos.
Diecisiete procesados gozan de detención domiciliaria, y la única excepción es Quintana, que fue sorprendido violando el beneficio, se constató que portaba armas de fuego y actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal 4 de la Villa Floresta bahiense.

COMPLICIDAD JUDICIAL

Dibujo: Cuarto Poder Diario
COMENZO EN SAN LUIS JUICIO A JUECES COMPLICES DE LA DICTADURA

Ayer, viernes 19 de octubre, comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en San Luis durante la última dictadura cívico militar.
En el denominado "Juicios a los Jueces", están imputados Eduardo Allende (ex juez Federal) e Hipólito Saá (ex fiscal Federal). Ambos están acusados por ser partícipes necesarios en 23 casos de privación abusiva de la libertad, tormentos (21 casos), y por el delito de homicidio agravado en 6 casos.
En tanto, también son juzgado el ex teniente coronel Alberto Camps y el médico policial Jorge Caram, acusados de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos en 7 casos.
El ex juez Allende es el padre del actual fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende (h), y Camps era titular del Espacio Cultural Terrazas del Portezuelo cuando fue detenido en febrero de 2014. Previo a esto, Camps se había desempeñado como coordinador del Ministerio de Inclusión Social.
Allende y Saá fueron detenidos en 2012, mientras que con Camps y Caram se hizo lo mismo en 2014, pero todos recuperaron la libertad el año pasado ya que la causa no avanzaba.
Según la planificación del Tribunal, imtegrado por  María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Julián Falcucci, se realizarán dos audiencias por mes y este juicio tendrá la particularidad de que el tribunal federal aceptó la incorporación de 49 testigos de manera audiovisual, lo que significa que, en vez de llamarlos a declarar, se incorporarán los registros fílmicos de los dos juicios anteriores.

viernes, 19 de octubre de 2018

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!

Luis Patti cuando era intendente de Escobar
Condenaron al represor Luis Patti a perpetua por el homicidio de un periodista ocurrido en 1976 

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al represor Luis Abelardo Patti por el secuestro y homicidio, en 1976, del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, quien trabajaba en el diario "El Actual" de Escobar. Con esta suman tres las condenas perpetuas que recibe quien en democracia fue elegido intendente de Escobar.
A pesar de haber recibido la mayor sentencia, Patti fue beneficiado con la prisión domicialiaria, en su casa del country Septiembre de esa localidad bonaerense.
El periodista Ricardo Gabriel Giménez, oriundo de Gualeguay, había sido secuestrado en enero de 1976 y su cuerpo fue encontrado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2008
La causa se inició en 2017 y a pesar de algunas interrupciones en el proceso, se avanzó. De esta forma, es la tercera vez que Patti es sentenciado con perpetua e inhabilitación absoluta.
Giménez se desempeñaba en una redacción que se encontraba a tan solo unos metros de la Comisaría Primera y fue compañero de militancia de Gastón Gonçalves, quien también fue asesinado y por dicho homicidio, Patti  se encuentra preso tras haber sido condenado en abril del 2011 junto a Reynaldo Bignone.
El exsubcomisario de la Policía de 65 años está señalado como coautor del delito de amenazas reiteradas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, que se suman a las sentencias que recibió por los secuestros de Gonçalves y de Diego Muñiz Barreto, cometidos en 1977 y otras por ejecución de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.
Luego estar al frente del municipio, Patti había sido elegido diputado nacional en 2005, pero el Congreso resolvió que no debía asumir y le privó de sus fueros parlamentarios debido a las acusaciones que pesaban contra él por delitos de lesa humanidad que dieron lugar a procesos judiciales.

Fuente: Fatpren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) y agencia Nova

SEÑALIZACIÓN-CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN

Señalizaron el lugar donde funcionó La Escuelita en Neuquén

La Escuelita fue un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención en la provincia de Neuquén. Fue demolida pero su ubicación quedó registrada con una serie de testimoniales. El predio se encuentra en el interior del batallón militar.
La señalización se colocará en Chaco y Lanín, el lugar exacto donde funcionó el centro clandestino de torturas que fue bautizado así por los torturadores como “La Escuelita”. La vieja edificación blanca, reconocida en abril de 1984 por los secuestrados como el lugar del cautiverio, ya no está en pie pero el lugar pudo ser identificado.El inmueble fue derribado en la década del 90 pese a la prohibición judicial que regía desde 1987.
El lugar, un descampado al fondo del batallón militar rodeado de álamos y olivillos, fue reconocido por los sobrevivientes durante las inspecciones judiciales de la década del 80 y en las que se repitieron en 2016 durante los juicios penales por delitos de lesa humanidad.
En 2017 el equipo de antropólogas del programa nacional “Sitios de Memoria” realizaron el relevamiento técnico del terreno, que pertenecía el Ejército argentino y este año 2018 fue entregado en posesión a la provincia de Neuquén.
Tras la señalización se realizará un cerramiento y se prevé iniciar un “espacio de memoria” en el sector cedido a la Provincia a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Más de un centenar de perseguidos políticos padecieron tormentos en una construcción de chapa que se montó a lado de la casa de material blanqueada con cal. Algunos fueron derivados ilegalmente a la cárcel de Bahía Blanca, otros eran traídos y llevados para la tortura desde la ex U9 de esta ciudad.
En algunos casos fueron liberados en las rutas de la región, derivados a otros centros de tortura del país durante la dictadura milita o resultó ser el último destino conocido tras el secuestro, como el caso de varios desaparecidos de la región, entre ellos Oscar Ragni.