martes, 4 de septiembre de 2018

RAFECAS SOBRE JUICIOS DE LESA HUMANIDAD: "SIGUEN ADELANTE"

El juez federal Daniel Rafecas aseguró que las investigaciones y los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar "siguen adelante" y precisó que 2017 "fue récord" en el dictado de sentencias.
Rafecas visitó este fin de semana la provincia de La Pampa para presentar, en la Facultad de Ciencias Humanas, su libro “El crimen de tortura. En el Estado autoritario y en el Estado de Derecho”, en el que realiza un recorrido histórico del fenómeno de la tortura desde la última dictadura militar en el marco del terrorismo de Estado hasta las condiciones actuales en cárceles y comisarías.
Como juez nacional penal Nº 3 de Capital Federal, Rafecas llevó adelante la instrucción de la megacausa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983, y comparó al genocidio argentino con el nazismo.
En diálogo con El Diario La Arena de esta provincia, Rafecas destacó que "en el año 2017 fue récord en el total del país, en sentencias dictadas en materia de lesa humanidad. Es un dato que es bastante claro, y permite ver que al menos las investigaciones, procesos y juicios, siguen adelante".
"Nosotros (en referencia a su juzgado) hoy en día seguimos trabajando con la misma tranquilidad, el mismo ímpetu, el mismo personal y los mismos contratos que hace cuatro o cinco años", dejó en claro.
Al ser consultado si cambió en los últimos años el criterios para otorgar las prisiones domiciliarias, Rafecas explicó que sobre este tema "hay un malentendido" y puso de ejemplo el caso del represor Miguel Etchecolatz, quien "solicitó el arresto domiciliario y no se lo otorgaron en primera instancia. Un tribunal oral sí se lo otorgó, pero luego fue a la Cámara de Casación Penal, que es el órgano más alto y se la revocaron. Etchecolatz hoy está preso. Es un buen ejemplo de que no hay cambios en la jurisprudencia". 
En ese sentido, explicó que "hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo los imputados cada vez son más grandes, pasan los 80 años, se agravan sus cuadros de salud y por razones humanitarias esas prisiones preventivas terminan en arrestros domiciliarios, porque terminamos incurriendo en una prohibición constitucional, que es que una detención se convierta en un trato cruel, que no se puede hacer en un Estado de derecho".

No hay comentarios:

Publicar un comentario