Justicia resolvió que debe profundizarse la investigación sobre torturas a soldados en Malvinas
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó ue la causa en que se investigan las torturas cometidas por miembros de las fuerzas armadas argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas debe continuar su trámite.
Lo hizo en el marco de los recursos de apelación presentados por la defensa del denunciado Jorge Eduardo Taranto, que además había objetado la calidad de querellante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los jueces señalaron que "tal es la tendencia jurisprudencial que se inclina a mantener la acción penal en aquellos casos en que se alega la comisión de crímenes contra la humanidad, mientras haya una probabilidad razonable de que los hechos sobre la base de los cuales se postula la imprescriptibilidad encuadren en tal categoría”.
Agregaron que "en el caso justamente la inclusión o no de los hechos en la categoría de delitos de lesa humanidad resulta objeto de debate, derivándose de allí el interés de los querellantes (CECIM). Y aún cuando la respuesta no fuera afirmativa, se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos".
Con esta resolución, la Cámara confirmó la resolución del Juez de primera instancia, Federico Calvete, que ya había rechazado las pretensiones de la defensa de Taranto.
Ahora, el juez deberá avanzar en las solicitudes de detención y llamar a prestar declaración indagatoria de 26 denunciados, como reclamó en mayo de 2018 el fiscal federal Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La causa se inició en 2007 y ya se presentaron 120 denuncias, que alcanzan a 95 militares de las fuerzas armadas por la presunta comisión de torturas, pasibles de ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad en, al menos, 105 casos.
En tanto, Taranto, subteniente durante el conflicto bélico de 1982, ya había logrado a su favor en noviembre de 2009, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en lo que hace a otros hechos de la misma causa.
La sala I de la Casación había revertido dos fallos de primera y segunda instancia que lo tenían como protagonista y, en una controvertida decisión, consideró que los delitos en cuestión, adjudicados a Taranto, no fueron de lesa humanidad y por ende prescribieron y por una cuestión de forma, la apelación de los ex conscriptos no llegó a ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que nunca se expidió sobre el fondo del asunto– y el caso de las torturas en Malvinas terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expediente contra el Estado argentino que sigue su curso.
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