Foto: La Tinta |
El presidente Mauricio Macri presentó la creación de la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires, estableciendo un régimen especial de manejo y conservación de valores naturales y culturales sobre las 1.320 hectáreas del predio.
Mediante la firma de un decreto presidencial, este lugar de las Fuerzas Armadas, ligado a hechos de terrorismo durante la última dictadura cívico militar de Argentina, seguirá bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa.
“Esto se enmarca en un nuevo modelo de áreas protegidas urbanas, destinadas a cumplir un importante rol en aspectos vinculados a la salud pública, la recreación y la educación con un impacto positivo en la población”, según comunicaron desde la Administración de Parques Nacionales.
El predio seguirá formando parte de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en los términos de la Ley 26.691, que preserva los espacios vinculados a los hechos cometidos durante la última dictadura militar declarados judicialmente como delitos de lesa humanidad.
Y dicen que la afectación del inmueble, donde funcionó el centro clandestino de detención y una maternidad clandestina, a un régimen especial de protección no modificará en modo alguno el deber de garantizar la preservación del estatus de este predio, como tampoco la marcha de las investigaciones judiciales ni la preservación de la memoria de lo allí acontecido durante ese período histórico.
Sin embargo, los organismos y personalidades de derechos humanos, sobrevivientes y familiares expresaron su "total repudio ante semejante intento de convertir en un “parque” al mayor centro clandestino del país, en el que desaparecieron más de cinco mil compañeros y compañeras, que tuvo una maternidad clandestina en la que nacieron y fueron apropiados más de 200 niños y niñas".
El decreto 1056/2018, publicado en el Boletín Oficial el pasado jueves. es considerado "una provocación a todos los que desde hace más de 42 años luchamos contra la impunidad que les fue garantizada por todos los gobiernos constitucionales a los genocidas militares y civiles y a los nietos y nietas que fueron apropiados en esa maternidad clandestina y que aún hoy siguen sin conocer su identidad".
En tal sentido, solicitan "que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al propio Ejército que “se abstengan de realizar cualquier tipo de medidas que impliquen la movimiento o modificación del terreno, sus características y topografía como así también de las instalaciones y construcciones de dicho predio”.
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