El Secretario de Derechos Humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, anunció la convocatoria a ex combatientes testigos “de delitos de lesa humanidad cometidos en las Islas Malvinas por personal superior de las mismas, como estaqueamientos, torturas, o menosprecio a la integridad física de los combatientes".
"Lo decimos con dolor, ya que estos tormentos contra jóvenes chaqueños que habían sido convocados para defender a nuestra soberanía allí y que fueron torturados por personal de las Fuerzas Armadas ocurrieron y están siendo investigados”, afirmó.
La acusación se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí se desempeñó el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la Brigada de Infantería III y que tenía cinco compañías subordinadas que en su mayoría estaba compuesto por chaqueños y correntinos.
El ex combatiente David Zambrino señaló que “ésta es la primera vez que se realiza algo así, se inició en 2007 en la provincia de Corrientes y continúa hasta hoy, todavía no se tomó declaración a los militares, oficiales y suboficiales que torturaron a nuestros compañeros, y yo soy testigo de ello. Esperamos que esto avance. Mis compañeros no tienen que tener miedo. Esta es una cuestión personal de cada uno, nos hace mal callar, no creo que nadie se quiera ir de este mundo y llevarse con ellos todo lo que tuvieron que padecer”.
La causa judicial se sustancia en la ciudad fueguina de Río Grande donde el fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas.
El magistrado reafirmó que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y destacó en sus fundamentos tanto la extensión de la práctica de enterramientos y estaqueamientos de soldados que reaccionaban ante el hambre –derivada a su vez del pésimo planeamiento militar–, como la política de ocultamiento de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas, que continuó tras el fin de la dictadura.
El escrito del fiscal, producto de una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está ahora en manos del juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete.
No hay comentarios:
Publicar un comentario