lunes, 8 de septiembre de 2025

CHACO: CONDENAN A 8 AÑOS AL RESPONSABLE EL SECUESTRO Y                     DESAPARICIÓN DE HUMBERTO "CACHO" MUÑOZ


El Tribunal Federal de Resistencia condenó el martes 2 de septiembre, en un juicio abreviado, al suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco Gabino Manader, a la pena de 8 años de prisión por la desaparición forzada del militante de la Juventud Peronista, Humberto Aníbal "Cacho" Muñoz, ocurrida el 26 de noviembre de 1976, en la localidad de Barranqueras.

Ante el Tribunal,  quienes los familiares de Muñoz, su esposa Ramona Pawlisky y su hermano Domingo Cayetano Muñoz, manifestaron su acuerdo con el juicio abreviado y la condena, considerando que se trataba de una instancia de reparación y de derecho a saber la verdad de los hechos.

Por su parte, el imputado Manader reconoció su responsabilidad de los hechos y aceptó la condena a 8 años de prisión.

También manifestaron su acuerdo la defensa oficial, la Fiscalía Federal y las querellas, en representación de las secretarías de Derechos Humanos del Chaco y de Nación.

El Tribunal, además, unificó las condenas de Manader en 25 años de prisión.


El caso de "Cacho" Muñoz 

Muñoz militaba en la Juventud Peronista de Chaco, desde 1972. En 1974 se desempeñó como chófer en la Cámara de Diputados del Chaco y del ex vicegobernador Alberto Torresagasti. Un año después, trabajó como jornalero en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, hasta que fue cesanteado por razones políticas en abril de 1976.

El 25 de mayo de 1976, fue detenido y llevado a la Brigada de Investigaciones, donde negaron que estuviera privado de su libertad. Sin embargo, estuvo alojado allí, sesenta días, en los que sufrió torturas y amenazas hasta que fue liberado desde la Alcaidía de Resistencia.

En la madrugada del 26 de noviembre de 1976, Muñoz estaba en la casa de sus padres, Anselma Ocampo y Aníbal Muñoz, ubicada sobre la Avenida San Martín al 1800 de Barranqueras. Mientras la víctima dormía allí junto a su pareja Ramona Rosa Pawlisky y su pequeño hijo, llegaron dos vehículos con, al menos, cuatro hombres vestidos de civil y que portaban armas largas, quienes irrumpieron en la vivienda.

Tras amenazar a Ocampo y encandilar a Pawlisky, los policías esposaron a Muñoz y lo subieron a uno de los vehículos, que emprendió la marcha hacia Antequeras. Fue la última vez que se supo de sobre él.

Ocampo, que tenía un puesto de diarios en el puerto de la localidad y conocía a casi todos los habitantes del lugar, identifico a Manader y José María Cardozo -que se desempeñaban como sargentos de la Dirección de Investigaciones de la policía chaqueña- como integrantes del operativo en el que se llevaron a su hijo.

Los días siguientes, los familiares de Muñoz lo buscaron en distintas comisarías de Barranqueras y de Resistencia, y en la Brigada de Investigaciones, pero no pudieron encontrarlo.

El requerimiento fiscal destaca que el secuestro de Muñoz se produjo en noviembre de 1976 en plena dictadura militar, utilizando una metodología similar en todo el país, que consistía en el secuestro de personas: 1) en forma ilegal es decir sin orden de juez competente; 2) clandestina: irrumpiendo a altas horas de la noche, causando temor en los eventuales testigos, encandilar para no ser identificados y 3) la utilización de la violencia hacia las víctimas.

En cuanto a Manader, los fiscales indicaron que “no solo participaba en las operaciones que realizaba el grupo de tareas que operaba en la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco sino que además tenía un rol protagónico en el mencionado centro clandestino”. Prueba de ello son las diversas reconstrucciones realizadas en otras investigaciones de la jurisdicción de Chaco donde el exsuboficial mayor fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Recordaron que, en 2010, en el marco de la causa Caballero I, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Manader a la pena de 25 años de prisión por los tormentos sufridos por 25 presos políticos.


lunes, 1 de septiembre de 2025

 A PESAR DEL NEGACIONISMO, COMENZÓ UN JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN CHUBUT


El miércoles 27 de agosto se inició en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia el juicio oral y público en la causa “Chanfreau y otros”, más conocido como "Las Casitas", que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el país. 

El proceso judicial, que se extenderá hasta noviembre, incluye casos de secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y el homicidio de Guillermo Silveira, quien fue detenido en La Plata y traído para torturarlo en el centro clandestino que funcionaba en Regimiento de Infantería 8 “General O’Higgins” (RI8), en Comodoro Rivadavia.

El principal imputado por el homicidio, Jorge Alberto Chanfreau, quien falleció antes de llegar al debate y se lo consideró el líder de una asociación ilícita integrada por oficiales y suboficiales del RI8.

Actualmente, los imputados en la causa “Chanfreau y otros” son Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Fernando Pedernera y Mario Pérez, luego de que cinco imputados fallecieran o quedaran impedidos por razones de salud desde que el caso se inició en 2008 y se elevó a juicio en 2017. 

 Esta causa se basa en los secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y asesinatos que se organizaban y realizaban en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins 

Durante el debate declararán 54 testigos, incluidos 23 sobrevivientes, quienes relatarán hechos ocurridos en el RI8 y en el sector conocido como “Las Casitas”, señalado como centro clandestino de detención.

Entre las historias de quienes sufrieron torturas y vejaciones en el centro clandestino de detención conocido en la jerga militar como ‘Las casitas’ (dos construcciones con techos a dos aguas), que funcionó como sala de torturas del Regimiento de Infantería 8, de km11, se destaca especialmente el de Mirta Silveira, quien tenía 17 años al momento de ser detenida en su domicilio de esta ciudad, para sufrir todo tipo de tormentos y abusos de parte de sus secuestradores, que la privaron de su libertad hasta el año 1980.

Al centro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 8 fueron traslados durante la última dictadura cívico-militar militantes políticos, sindicales, gremiales, sociales y culturales de Comodoro Rivadavia, así como de Santa Cruz. 

“Se ha probado que  cada uno de  los imputados efectuó  un aporte concreto  para la comisión de  los  delitos señalados, ya que  esta práctica ilegal  de torturas, cautiverio y desaparición física de personas requería a las claras, la coordinación de un número significativo de personas y  tareas que  se tradujo en la individualización, persecución, aprehensión, cautiverio, interrogatorio bajo tormentos,  análisis de   información y hasta eliminación física de las víctimas”, sostiene la acusación del fiscal y avalada por la jueza federal de primera instancia, Eva Parcio.


La desaparición de Guillermo Silveira


Entre los hechos investigados en este juicio se encuentra la desaparición de Guillermo David Silveira, militante peronista nacido en Comodoro Rivadavia, secuestrado en La Plata durante su paso por la universidad y trasladado presuntamente a la ciudad patagónica. La acusación fiscal sostiene que Chanfreau, como jefe del regimiento, fue un “eslabón clave en la transmisión e implementación del plan criminal del Comandante en Jefe del Ejército Argentino”, que alcanzó a militantes sindicales, sociales y políticos.

Las imputaciones que se mantienen contra los ocho acusados incluyen violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos y asociación ilícita. La acusación de homicidio agravado corresponde únicamente al fallecido Chanfreau.

Testimonios de sobrevivientes, entre ellos, el de su hermana Mirta, lo ubican en “Las Casitas”, donde habría sido sometido a torturas. Nunca recuperó su libertad y sus restos no fueron hallados, por lo que el juicio analizará su privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio agravado.



viernes, 29 de agosto de 2025

 LA SENTENCIA DEL JUICIO "LA HUERTA" SE LEERÁ EN TANDIL


Tras cerca de cuatro años de proceso, la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) en Tandil será el próximo 24 de octubre el escenario de un hecho histórico: la lectura de la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como "La Huerta".

El juicio, que comenzó el 25 de febrero de 2022, se tramitó ante el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata y desde su inició se peleó para que las audiencias se desarrollén en Tandil. Sólo se logró que algunas de ellas se realicen en UNICEN.

En el proceso, que se encuentra en la etapa de últimas palabras de los imputados, son juzgados 52 acusados, entre exmilitares, policías, penitenciarios y dos civiles (empresarios) por los delitos cometidos contra 156 personas en 7 centros clandestinos clandestinos de detención ubicados en Azul, Olavarría y Tandil, los penales 7 de Azul y 2 de Sierra Chica. También se juzgan delitos cometidos contra empleados de las empresas olavarrienses Calera Avellaneda y Loma Negra.

El proceso comenzó juzgando los hechos cometidos en perjuicio de 118 víctimas detenidas-desaparecidas en el campo General Mariano Necochea -conocido como "La Huerta"-, en la "Quinta de Méndez", en el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y en las comisarías primera y segunda de Tandil; y casos acumulados en otra investigación instruida en Azul por delitos concretados en esa ciudad y en Cacharí, Saladillo y Las Flores.

Entre los acusados están los hermanos Emilio y Julio Méndez, que fueron condenados en 2012 a 15 y 11 años de prisión por prestar su quinta de Tandil donde estuvo secuestrado y fue ejecutado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977 y que en 2021 fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación luego de que a fines de 2020 la Corte Suprema ordenara que se volviera a examinar la condena que en su momento había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

"La Huerta" es un predio rural ubicado en la Ruta 226 y el camino a la Base Aérea Militar Tandil que supo estar a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada y que hacia 1984 fue reconocido como centro clandestino durante la última dictadura en el marco de las tareas desplegadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

La zonificación de la dictadura militar

Los hechos juzgados ocurrieron en la denominada Subzona 12. El aparato represivo implementado durante el accionar del Terrorismo de Estado se articuló sobre una división del territorio nacional en cinco grandes zonas, quedando cada una bajo las directivas de los cinco Cuerpos de Ejército en coordinación con las otras Fuerzas. Cada una de aquellas, a la vez, eran subdivididas en unidades territoriales de menor extensión que se mantenían articuladas, dando lugar a las subzonas y áreas.

La represión ilegal en los partidos de Azul, Las Flores, General Alvear, Tapalqué, Roque Pérez, Saladillo, Gral. Belgrano, Pila y Rauch, estaba bajo el control operacional del Primer Cuerpo de Ejército, Zona 1, Subzona 12, Áreas 123 y 125, respectivamente.

El juicio "La Huerta" incluyó más de 100 audiencias y 213 testimonios que documentaron los crímenes sufridos por 192 víctimas de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Se juzgó a 52 acusados, entre exmilitares, policías, penitenciarios y dos civiles (empresarios), por secuestros, torturas y asesinatos en centros clandestinos como La Huerta, Monte Peloni y la Unidad 7 de Azul, entre otros.

Los fiscales solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones. La sentencia marcará un cierre en la etapa judicial, pero también reforzará el compromiso con la memoria y los derechos humanos en el territorio donde se desplegó la represión.

El caso “La Huerta” se suma a otros juicios emblemáticos de la región, como los de Carlos Moreno (2012) y Monte Peloni I y II (2014 y 2019). Más allá de las condenas, la audiencia en Tandil buscará dejar asentado que la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una práctica viva que interpela al presente.