Durante 2018 hubo 18 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, entre los que se destaca el de la "Causa Ford", que condeno a directivos de la automotriz por complicidad.
La primer sentencia de 2018 fue el 19 de febrero cuando la justicia federal neuquina condenó a a cinco ex militares del Ejército y a dos ex policías por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos dos hombres procedentes de las ciudades de Cutral-Co y Catriel, en Neuquén, en 1976 y 1977.
El 15 de marzo la justicia jujeña condenó a seis ex policías sampedreños a penas de hasta 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, como privación ilegítima de la libertad de al menos cuatro víctimas y torturas, en una causa del que fueron víctimas seis personas en la ciudad de San Pedro entre 1976 y 1977.
El 17 de abril la justicia cordobesa condenó a prisión perpetua al teniente coronel (R) Jorge Navarro González, quien se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba al momento de los hechos que se juzgaron.
En este juicio que acumuló las causas "González Navarro y otros" y "Vergez Héctor Pedro y otros", por delitos cometidos en perjuicio de 61 víctimas, fueron absueltos seis de los 19 imputados.
González Navarro fue encontrado culpable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad reiterada, imposición de tormentos agravados reiterados y homicidio calificado reiterado".
El 11 de mayo la justicia santafesina condenó a los ex comandantes de Gendarmería Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi a 17 y 22 años de prisión, respectivamente.
Domínguez fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Luis Hormaeche.
A su vez, Kushidonchi fue condenado por los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Raúl San Martín.
El 31 de mayo la justicia federal chaqueña condenó a once ex policías y militares a penas de entre diez y 25 años de prisión en el marco del juicio conocido como "Caballero II", que abordó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
El 23 de agosto la justicia correntina absolvió al militar y ex interventor de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, único acusado por la desaparición de Marcelo Peralta, uno de los varios trabajadores tareferos vinculados a la actividad sindical en la yerbatera "Las Marías", que fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar y dejó así impunes los delitos de lesa humanidad que tuvieron en esa ciudad.
El 3 de septiembre la justicia porteña condenó al genocida Santiago Riveros a 45 años de prisión por los secuestros y las torturas que sufrieron 11 mujeres embarazadas durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención que funcionó Campo de Mayo y el robo de sus hijos e hijas nacidos en la maternidad clandestina que funcionó ahí.
En tanto, absolvió al médico Raúl Martín, quien estuvo a cargo del centro de salud.
El 14 de septiembre la justicia porteña condenó a prisión prisión perpetua a Luis Muiña como partícipe necesario en el homicidio del médico Jorge Mario Roitman, en el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Hospital Posadas. Tanto Muiña como Argentino Ríos -quien se encontraba imputado y falleció durante el debate- formaron parte del grupo de tareas conocido como "Swat", conformado por personal civil para reforzar el dispositivo represivo, tras la intervención militar del Hospital Posadas realizada por Reynaldo Benito Bignone el 28 de marzo de 1976.
El 20 de septiembre la justicia federal de Mendoza dictó sentencia que alcanzó a oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la policía provincial que fueron juzgados por siete desapariciones y cuatro homicidios. Cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua.
El 8 de octubre la justicia santafesina condenó a Ricardo Ferreyra a 16 años de prisión por el asesinato de Rubén Carignano, la violación a Silvia Suppo y las torturas de las otras cuatro víctimas; a Juan Calixto Perizzotti a 14 años por las torturas y tormentos de todas las víctimas y por el aborto forzado a Suppo; a María Eva Aebi a diez años por tormentos y participe necesaria del aborto forzado y a Oscar Farina a ocho años, por aborto forzado, torturas y tormentos.
El 18 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al represor Luis Patti por el secuestro y homicidio del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, quien trabajaba en el diario El Actual de Escobar. Es la tercera condena a perpetua que recibe el ex intendente de Escobar.
El 22 de octubre se conoció la sentencia en el juicio por la Megacausa II de San Juan por delitos cometidos a más de 200 víctimas. 11 genocidas fueron condenados a perpetua, una a 18 años de prisión y otra a 6, pero hubo 3 absoluciones.
El 23 de octubre, tres médicos del Instituto Privado de Pediatría fueron condenados por su participación en el robo de bebés mellizos, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Alberto Torrealday recibió 9 años de prisión, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi 6 años. Jorge Eduardo Rossi. Aunque la condena llegó, los médicos no rompieron el pacto de silencio respecto a dónde está "el melli".
La niña fue dada en adopción y recuperó su identidad en 2008, pero el niño, ahora adulto de 40 años de edad, sigue desaparecido.
El 26 de octubre el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.
También se condenó a prisión perpetua al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. En tanto, los ex agentes de la policía bonaerense Nildo Delgado, Alberto Bulacio y Daniel Mancuso fueron condenados respectivamente a siete años y medio de prisión, a ocho años y a seis años. A todos se los consideró responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.
Por su parte, fueron absueltos los subinspectores José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los agentes Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.
El 5 de noviembre el médico Jorge Horacio Capellino fue condenado a 13 años de prisión por ser partícipe secundario del homicidio de Pedro Sobko, se lo absolvió por el caso de José María Fernández y Juan Alberto Osuna y se lo condenó por la privación ilegal de la libertad de Gustavo Hennekens, pero se lo absolvió por los vejámenes y torturas, durante la dictadura cívico militar.
Capellino cumplía funciones en el Hospital Militar de Paraná y estaba acusado de "legalizar" tres homicidios y ser el encargado de "controlar el estado de salud" de los presos políticos durante las sesiones de tortura a la que eran sometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército, en Paraná.
El 6 de diciembre se conoció la sentencia por el asesinato de Ana María Martinez. Los
dos militares imputados en este proceso, Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, recibieron una condena de prisión perpetua por la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María.
El 11 de diciembre se conoció la sentencia de la denominada "Causa Ford". El ex gerente de manufactura de la automotriz, Pedro Müller, y el ex jefe de seguridad, Héctor Sibila, fueron condenados a 10 y 12 años de cárcel por su responsabilidad en crímenes de la dictadura cívico militar: los jueces los consideraron "partícipes necesarios" por los secuestros y torturas de 24 trabajadores delegados de base en 1976.
Con los dos civiles, también fue condenado el jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero. Le dieron 15 años, por coautor de los secuestros y torturas.
Finalmente, el 27 de diciembre se conoció la última sentencia de 2018. Omar Graffigna, integrante de la segunda Junta Militar fue condenado a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos cometidos en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos, a 200 metros del Departamento Central de Policía, desde donde operaba un grupo de tareas integrado por miembros de inteligencia de la Fuera Aérea.
También fueron condenados Jorge Monteverde, quien tenía 21 años en el momento en que se desempeñaba como miembro activo del grupo operativo. Un tercer acusado, el hermano mayor de Jorge Monteverde, Enrique, también miembro activo del grupo de tareas en su calidad de agente civil de inteligencia fue absuelto.
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