Este año esta previsto el inicio, por el momento, de 10 juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar, entre los que se destaca la causa "Mercedes Benz", que lleva más de 10 años de investigación.
El 7 de febrero comenzará en La Rioja un nuevo proceso en el que están citados aproximadamente 30 testigos en la causa caratulada "Chiarello Miguel Ángel y otros" y conocida como Causas Unificadas. En el juicio se investigan hechos de los que resultaron víctimas 17 personas y se juzgarán delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas agravadas, allanamientos ilegales y asosicación ilícita. Están imputados Chiarello Miguel Ángel, Estrella Luis Fernando, Bernaus José Félix, Ganem Roberto Reynaldo, Goenaga Eliberto Miguel, González Ramón Miguel, Moliné Leonidas Carlos, Pellacchi Adrián Juan, Pezzetta Angel Ricardo, Salas Lenin Aldo, Santacrocce Alfredo y Videla Luis Enrique.
Lo hechos ocurrieron en el IRS -nombre que recibía la cárcel provincial-, que operó como centro clandestino de detención. El IRS era, por excelencia, el lugar por el que pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de su libertad.
El 18 de febrero se iniciará en Salta el juicio "Lona II" contra del ex juez federal Ricardo Lona como imputado por encubrir el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.
El 7 de marzo comenzará un nuevo juicio que se desprende de la Megacausa Campo de Mayo, por delitos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa guarnición militar; causas entre las las que se destaca la de las desapariciones en la empresa "Mercedes Benz". Una de las causas contempla 105 casos y tiene 7 imputados; la causa 31-4 y otros tiene 10 imputados y la "Villanova", un imputado, Francisco Villanova que es la primera vez que enfrenta un juicio.
El 22 de marzo comenzará en la Ciudad de Buenos Aires el juicio "Chavanne" por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo.
Ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y José Martinez Sobrino, estarán sentados en el banquillo de los acusados: Raúl Antonio Guglielminetti (Agente Civil de Inteligencia del Ejército Argentino) y Juan Alfredo Etchebarne (presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV).
El 26 de marzo comenzará un nuevo juicio para juzgar delitos ocurridos en el marco de lo que se denominó "Contraofensiva montonera" cuando la conducción de Montoneros planteó a los militantes que estaban en el exilio que volvieran al país a realizar acciones armadas. La primera contraofensiva se realizó en 1979 y la segunda en 1980, ambas resultaron en un fracaso total.
El 27 de marzo, en tanto, comenzará el juicio "Mansión Seré III - Comisaria de Moreno", que se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Diaz Cabral.
Los imputados, por delitos de lesa humanidad en prejuicio de 70 víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Mansión Seré y en la Comisaría de Moreno, son Omar Elisendo Hernández, Mario Domingo Rulli, Julio Narciso Flores y Carmen Galarza.
En Santa Fe, el 28 de marzo, comenzará el denominado juicio "Brusa residual". El proceso se iniciará con el ex juez Víctor Brusa cumpliendo prisión domiciliaria. El ex funcionario judicial estaba detenido en la cárcel de Las Flores, donde purgaba una condena a 23 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Cumplió trece, le faltaban diez y volvió a la casa ante una decisión de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Lo llamativo es que Brusa estaba a disposición del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, quien lo procesó por "apremios ilegales" a cuatro perseguidos políticos y le dictó la "prisión preventiva" en la causa "Brusa residual".
En Resistencia, Chaco, comenzará el 5 de abril un nuevo juicio de la causa conocida como Ligas Agrarias, en el cual se juzga el plan de exterminio durante la última dictadura de pequeños productores y trabajadores rurales del interior provincial que se organizaron para mejorar las condiciones de trabajo y hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de grandes monopolios.
En la causa Ligas Agrarias 1, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal promovió en 2011 la investigación por los asesinatos de los dirigentes rurales Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, que constaban en la reconstrucción oficial como enfrentamientos.
La investigación logro reconstruir en base a testimonios, documentos y la exhumación de los cuerpos por parte del Equipo de Antropología Forense EAAF, que se trataron de sendos fusilamientos en emboscadas.
Están imputados por los homicidios agravados el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González y sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al ex comisario José Francisco Rodríguez Valiente.
También estará en el banquillo de los acusados el Comisario General Eduardo Wischnivetzky quien se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales.
Además, en este juicio, se evaluará la complicidad del ex fiscal Federal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Cesar Casco.
El 15 de abril comenzará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén que contará con ocho acusados en perjuicio de 10 víctimas.
Los acusados son Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña; Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército de Neuquén; Néstor Castelli, a cargo de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche y primer interventor militar en Río Negro en 1976; Carlos Benavidez, sargento del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército; Fernando Zárraga, interventor del municipio de General Roca entre marzo y junio de 1976 y jefe de Inteligencia de la Escuela de Instrucción Andina, y Emilio Sachitella, jefe de la Sección Junín de los Andes de Gendarmería Nacional.
La causa incluye la desaparición forzada y las torturas sufridas en 1978 por el periodista Jorge Enrique Esteban, corresponsal del diario Clarín, y de su esposa, María Teresa Oliva, quien trabajaba en el área de prensa de la Legislatura provincial. También la detención ilegal en julio de 1976 de María Cristina Parente, quien se desempeñaba en la oficina de prensa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Parente fue golpeada y torturada en la Delegación de la Policía Federal y trasladada el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionaba al fondo del Batallón de Ingenieros. Se juzgará la persecución política que sufrieron las otras víctimas que residían en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche, que fueron trasladadas a la Escuela de Instrucción Andina, que funcionaba como centro clandestino de detención y torturas, a cargo de Castelli, así como también a la Unidad Penal 9 de Neuquén capital.
Entre las víctimas se encuentran Fernando Ubaldini y María del Luján Gómez, Oscar Escobar, Oscar Olivera, Vicente Iantorno, Ernesto Sifrei y Juan Marcos Herman.
Luego de ser detenido en julio de 1977 a los 22 años, Herman permaneció cautivo y bajo tortura en una casa en las afueras de Bariloche. Posteriormente fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires y alojado en el centro clandestino de detención El Atlético y desde entonces está desaparecido.
Finalmente, el 2 de mayo en Tucumán, comenzará el juicio "Tártalo", que agrupa todos los casos de lesa humanidad ya elevados a juicio y que tiene 26 imputados acusados por delitos cometidos contra 383 víctimas.
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