A.B.O.: La Justicia ordenó seis nuevas preventivas

El juez Daniel Rafecas procesó con prisión preventiva a seis genocidas a quienes había ordenado detener en 2018 por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Atlético, Banco y Olimpo, según informó La Imposible en su sitio web.

Se trata de:

1) José Ahmed: fue subcomisario de la Policía Federal en la Superintendencia de Seguridad Federal. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (20 víctimas), privación ilegal de la libertad agravada (382 víctimas) y tormentos agravados (382 víctimas). Está detenido en Campo de Mayo.

2) Carlos Alberto Infantino: “Patán”

Fue oficial principal de la Policía Federal e Inspector en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal del 17/6/1976 al 18/5/1978. Desde esa fecha, fue oficial principal del Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (1 víctima), privación ilegal de la libertad agravada (308 víctimas), y como coautor de tormentos agravados (308 víctimas), de homicidio agravado con alevosía (1 víctima) y de privación ilegal de la libertad agravada (3 víctimas), y como autor mediato de tormentos agravados (2 víctimas). Está detenido en Campo de Mayo.

3) Hugo Luis Medina

Fue comandante de Gendarmería y segundo jefe y jefe de plana mayor del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo desde 16/12/1975 al 15/2/1979. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (19 víctimas), privación ilegal de la libertad agravada (130 víctimas) y tormentos agravados (130 víctimas). Está detenido con el beneficio de la domiciliaria.

4) Sergio Raúl Nazario: “Estéves”

Fue primer alférez de Gendarmería del Destacamento móvil 1 de Gendarmería del 1/10/1978 al 23/3/1979. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (19 víctimas), privación ilegal de la libertad agravada (130 víctimas) y tormentos agravados (130 víctimas). Está detenido en Campo de Mayo.

5) Miguel Víctor Pepe

Fue sargento de Gendarmería del Destacamento móvil 1 de Gendarmería. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (19 víctimas), privación ilegal de la libertad agravada (130 víctimas), y como coautor de tormentos agravados (130 víctimas). Está detenido en Campo de Mayo.

6) Miguel Pablo Lugo

Fue Gendarme 1 del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo del 16/3/1977 al 5/2/1980. Fue procesado como partícipe necesario de los delitos de homicidio agravado con alevosía (19 víctimas) y privación ilegal de la libertad agravada (130 víctimas), y como coautor de tormentos agravados (130 víctimas). Está detenido en Campo de Mayo.

Durante la última dictadura cívico-militar, los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo funcionaron como circuito represivo, de manera sucesiva, siendo incluso considerados un mismo centro clandestino. Los tres lugares estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Los grupos de tareas de los genocidas dependían del Primer Cuerpo de Ejército y se mantuvieron en el circuito. Estuvieron integrados por la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, el Ejército, el Servicio Penitenciario, Gendarmería y Aeronáutica.

El Atlético operó en un predio delimitado por Paseo Colón, Cochabamba, San Juan y Azopardo, entre febrero y diciembre de 1977, cuando fue desalojado para ser demolido por la construcción de la Autopista 25 de mayo. El accionar represivo del Atlético fue trasladado al Banco, ubicado en Av. Ricchieri y Camino de Cintura. Estuvo en funcionamiento desde principios de 1977 hasta mediados de 1978, cuando se produjo el traspaso al tercer lugar del circuito, que fue el Olimpo, ubicado en Ramón Falcón y Lacarra, que estuvo operativo desde agosto de 1978 hasta enero de 1979. Algunas de las víctimas sobrevivieron. Las demás fueron asesinadas y otras siguen desaparecidas.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

EN 2019 COMENZARÁN DIEZ JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

Este año esta previsto el inicio, por el momento, de 10 juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar, entre los que se destaca la causa "Mercedes Benz", que lleva más de 10 años de investigación.
El 7 de febrero comenzará en La Rioja un nuevo proceso en el que están citados aproximadamente 30 testigos en la causa caratulada "Chiarello Miguel Ángel y otros" y conocida como Causas Unificadas. En el juicio se investigan hechos de los que resultaron víctimas 17 personas y se juzgarán delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas agravadas, allanamientos ilegales y asosicación ilícita. Están imputados Chiarello Miguel Ángel, Estrella Luis Fernando, Bernaus José Félix, Ganem Roberto Reynaldo, Goenaga Eliberto Miguel, González Ramón Miguel, Moliné Leonidas Carlos, Pellacchi Adrián Juan, Pezzetta Angel Ricardo, Salas Lenin Aldo, Santacrocce Alfredo y Videla Luis Enrique.
Lo hechos ocurrieron en el IRS -nombre que recibía la cárcel provincial-, que operó como centro clandestino de detención. El IRS era, por excelencia, el lugar por el que pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de su libertad.
El 18 de febrero se iniciará en Salta el juicio "Lona II" contra del ex juez federal Ricardo Lona como imputado por encubrir el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.
El 7 de marzo comenzará un nuevo juicio que se desprende de la Megacausa Campo de Mayo, por delitos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa guarnición militar; causas entre las las que se destaca la de las desapariciones en la empresa "Mercedes Benz". Una de las causas contempla 105 casos y tiene 7 imputados; la causa 31-4 y otros tiene 10 imputados y la "Villanova", un imputado, Francisco Villanova que es la primera vez que enfrenta un juicio.
El 22 de marzo comenzará en la Ciudad de Buenos Aires el juicio "Chavanne" por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), víctimas que estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo.
Ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y José Martinez Sobrino, estarán sentados en el banquillo de los acusados: Raúl Antonio Guglielminetti  (Agente Civil de Inteligencia del Ejército Argentino) y  Juan Alfredo Etchebarne (presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV).
El 26 de marzo comenzará un nuevo juicio para juzgar delitos ocurridos en el marco de lo que se denominó "Contraofensiva montonera" cuando la conducción de Montoneros planteó a los militantes que estaban en el exilio que volvieran al país a realizar acciones armadas. La primera contraofensiva se realizó en 1979 y la segunda en 1980, ambas resultaron en un fracaso total.
El 27 de marzo, en tanto, comenzará el juicio "Mansión Seré III - Comisaria de Moreno", que se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Diaz Cabral.
Los imputados, por delitos de lesa humanidad en prejuicio de 70 víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Mansión Seré y en la Comisaría de Moreno, son Omar Elisendo Hernández, Mario Domingo Rulli, Julio Narciso Flores y Carmen Galarza.
En Santa Fe, el 28 de marzo, comenzará el denominado juicio "Brusa residual". El proceso se iniciará con el ex juez Víctor Brusa cumpliendo prisión domiciliaria. El ex funcionario judicial estaba detenido en la cárcel de Las Flores, donde purgaba una condena a 23 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Cumplió trece, le faltaban diez y volvió a la casa ante una decisión de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Lo llamativo es que Brusa estaba a disposición del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, quien lo procesó por "apremios ilegales" a cuatro perseguidos políticos y le dictó la "prisión preventiva" en la causa "Brusa residual".
En Resistencia, Chaco, comenzará el 5 de abril un nuevo juicio de la causa conocida como Ligas Agrarias, en el cual se juzga el plan de exterminio durante la última dictadura de pequeños productores y trabajadores rurales del interior provincial que se organizaron para mejorar las condiciones de trabajo y  hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de grandes monopolios.
En la causa Ligas Agrarias 1, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal  promovió en 2011 la investigación por los  asesinatos de los dirigentes rurales Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, que constaban en la reconstrucción oficial como enfrentamientos.
La investigación logro reconstruir en base a testimonios, documentos y la exhumación de los cuerpos por parte del Equipo de Antropología Forense EAAF, que se trataron de sendos fusilamientos en emboscadas.
Están imputados por los homicidios agravados el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González y sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al ex comisario José Francisco Rodríguez Valiente.
También estará en el banquillo de los acusados el Comisario General Eduardo Wischnivetzky quien se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales.
Además, en este juicio, se evaluará la complicidad del ex fiscal Federal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Cesar Casco.
El 15 de abril comenzará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén que contará con ocho acusados en perjuicio de 10 víctimas.
Los acusados son Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña; Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército de Neuquén; Néstor Castelli, a cargo de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche y primer interventor militar en Río Negro en 1976; Carlos Benavidez, sargento del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército; Fernando Zárraga, interventor del municipio de General Roca entre marzo y junio de 1976 y jefe de Inteligencia de la Escuela de Instrucción Andina, y Emilio Sachitella, jefe de la Sección Junín de los Andes de Gendarmería Nacional.
La causa incluye la desaparición forzada y las torturas sufridas en 1978 por el periodista Jorge Enrique Esteban, corresponsal del diario Clarín, y de su esposa, María Teresa Oliva, quien trabajaba en el área de prensa de la Legislatura provincial. También la detención ilegal en julio de 1976 de María Cristina Parente, quien se desempeñaba en la oficina de prensa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Parente fue golpeada y torturada en la Delegación de la Policía Federal y trasladada el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionaba al fondo del Batallón de Ingenieros. Se juzgará la persecución política que sufrieron las otras víctimas que residían en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche, que fueron trasladadas a la Escuela de Instrucción Andina, que funcionaba como centro clandestino de detención y torturas, a cargo de Castelli, así como también a la Unidad Penal 9 de Neuquén capital.
Entre las víctimas se encuentran Fernando Ubaldini y María del Luján Gómez, Oscar Escobar, Oscar Olivera, Vicente Iantorno, Ernesto Sifrei y Juan Marcos Herman.
Luego de ser detenido en julio de 1977 a los 22 años, Herman permaneció cautivo y bajo tortura en una casa en las afueras de Bariloche. Posteriormente fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires y alojado en el centro clandestino de detención El Atlético y desde entonces está desaparecido.
Finalmente, el 2 de mayo en Tucumán, comenzará el juicio "Tártalo", que agrupa todos los casos de lesa humanidad ya elevados a juicio y que tiene 26 imputados acusados por delitos cometidos contra 383 víctimas.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA...

Durante 2018 hubo 18 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad

Durante 2018 hubo 18 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, entre los que se destaca el de la "Causa Ford", que condeno a directivos de la automotriz por complicidad.
La primer sentencia de 2018 fue el 19 de febrero cuando la justicia federal neuquina condenó a a cinco ex militares del Ejército y a dos ex policías por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos dos hombres procedentes de las ciudades de Cutral-Co y Catriel, en Neuquén, en 1976 y 1977.
El 15 de marzo la justicia jujeña condenó a seis ex policías sampedreños a penas de hasta 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, como privación ilegítima de la libertad de al menos cuatro víctimas y torturas, en una causa del que fueron víctimas seis personas en la ciudad de San Pedro entre 1976 y 1977.
El 17 de abril la justicia cordobesa condenó a prisión perpetua al teniente coronel (R) Jorge Navarro González, quien se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba al momento de los hechos que se juzgaron.
En este juicio que acumuló las causas "González Navarro y otros" y "Vergez Héctor Pedro y otros", por delitos cometidos en perjuicio de 61 víctimas, fueron absueltos seis de los 19 imputados.
González Navarro fue encontrado culpable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad reiterada, imposición de tormentos agravados reiterados y homicidio calificado reiterado".
El 11 de mayo la justicia santafesina condenó a los ex comandantes de Gendarmería Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi a 17 y 22 años de prisión, respectivamente.
Domínguez fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Luis Hormaeche.
A su vez, Kushidonchi fue condenado por los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Raúl San Martín.
El 31 de mayo la justicia federal chaqueña condenó a once ex policías y militares a penas de entre diez y 25 años de prisión en el marco del juicio conocido como "Caballero II", que abordó los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
El 23 de agosto la justicia correntina absolvió al militar y ex interventor de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, único acusado por la desaparición de Marcelo Peralta, uno de los varios trabajadores tareferos vinculados a la actividad sindical en la yerbatera "Las Marías",  que fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar y dejó así impunes los delitos de lesa humanidad que tuvieron en esa ciudad.
El 3 de septiembre la justicia porteña condenó al genocida Santiago Riveros a 45 años de prisión por los secuestros y las torturas que sufrieron 11 mujeres embarazadas durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención que funcionó Campo de Mayo y el robo de sus hijos e hijas nacidos en la maternidad clandestina que funcionó ahí.
En tanto, absolvió al médico Raúl Martín, quien estuvo a cargo del centro de salud.
El 14 de septiembre la justicia porteña condenó a prisión prisión perpetua a Luis Muiña como partícipe necesario en el homicidio del médico Jorge Mario Roitman, en el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Hospital Posadas. Tanto Muiña como Argentino Ríos -quien se encontraba imputado y falleció durante el debate- formaron parte del grupo de tareas conocido como "Swat", conformado por personal civil para reforzar el dispositivo represivo, tras la intervención militar del Hospital Posadas realizada por Reynaldo Benito Bignone el 28 de marzo de 1976.
El 20 de septiembre la justicia federal de Mendoza dictó sentencia que alcanzó a oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la policía provincial que fueron juzgados por siete desapariciones y cuatro homicidios. Cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua.
El 8 de octubre la justicia santafesina condenó a Ricardo Ferreyra a 16 años de prisión por el asesinato de Rubén Carignano, la violación a Silvia Suppo y las torturas de las otras cuatro víctimas; a Juan Calixto Perizzotti a 14 años por las torturas y tormentos de todas las víctimas y por el aborto forzado a Suppo; a María Eva Aebi a diez años por tormentos y participe necesaria del aborto forzado y a Oscar Farina a ocho años, por aborto forzado, torturas y tormentos.
El 18 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal  3 de San Martín condenó a prisión perpetua al represor Luis Patti por el secuestro y homicidio del trabajador de prensa Ricardo Gabriel Giménez, quien trabajaba en el diario El Actual de Escobar.  Es la tercera condena a perpetua que recibe el ex intendente de Escobar.
El 22 de octubre se conoció la sentencia en el juicio por la Megacausa II de San Juan por delitos cometidos a más de 200 víctimas. 11 genocidas fueron condenados a perpetua, una a 18 años de prisión y otra a 6, pero hubo 3 absoluciones.
El 23 de octubre, tres médicos del Instituto Privado de Pediatría fueron condenados por su participación en el robo de bebés mellizos, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Alberto Torrealday recibió 9 años de prisión, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi 6 años. Jorge Eduardo Rossi. Aunque la condena llegó, los médicos no rompieron el pacto de silencio respecto a dónde está "el melli".
La niña fue dada en adopción y recuperó su identidad en 2008, pero el niño, ahora adulto de 40 años de edad, sigue desaparecido.
El 26 de octubre el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.
También se condenó a prisión perpetua al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci. En tanto, los ex agentes de la policía bonaerense Nildo Delgado, Alberto Bulacio y Daniel Mancuso fueron condenados respectivamente a siete años y medio de prisión, a ocho años y a seis años. A todos se los consideró responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados.
Por su parte, fueron absueltos los subinspectores José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los agentes Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.
El 5 de noviembre el médico Jorge Horacio Capellino fue condenado a 13 años de prisión por ser partícipe secundario del homicidio de Pedro Sobko, se lo absolvió por el caso de José María Fernández y Juan Alberto Osuna y se lo condenó por la privación ilegal de la libertad de Gustavo Hennekens, pero se lo absolvió por los vejámenes y torturas, durante la dictadura cívico militar.
Capellino cumplía funciones en el Hospital Militar de Paraná y estaba acusado de "legalizar" tres homicidios y ser el encargado de "controlar el estado de salud" de los presos políticos durante las sesiones de tortura a la que eran sometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Batallón de Comunicaciones del Ejército, en Paraná.
El 6 de diciembre se conoció la sentencia por el asesinato de Ana María Martinez. Los
dos militares imputados en este proceso, Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, recibieron una condena de prisión perpetua por la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María.
El 11 de diciembre se conoció la sentencia de la denominada "Causa Ford". El ex gerente de manufactura de la automotriz, Pedro Müller, y el ex jefe de seguridad, Héctor Sibila, fueron condenados a 10 y 12 años de cárcel por su responsabilidad en crímenes de la dictadura cívico militar: los jueces los consideraron "partícipes  necesarios" por los secuestros y torturas de 24 trabajadores delegados de base en 1976.
Con los dos civiles, también fue condenado el jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero. Le dieron 15 años, por coautor de los secuestros y torturas.
Finalmente, el 27 de diciembre se conoció la última sentencia de 2018. Omar Graffigna, integrante de la segunda Junta Militar fue condenado a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos cometidos en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos, a 200 metros del Departamento Central de Policía, desde donde operaba un grupo de tareas integrado por miembros de inteligencia de la Fuera Aérea.
También fueron condenados Jorge Monteverde, quien tenía 21 años en el momento en que se desempeñaba como miembro activo del grupo operativo. Un tercer acusado, el hermano mayor de Jorge Monteverde, Enrique, también miembro activo del grupo de tareas en su calidad de agente civil de inteligencia fue absuelto.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

EN 2019 CONTINUARÁN 14 JUICIOS

Durante 2019 continuarán 14 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
En la Ciudad de Buenos Aires proseguirán los juicios por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como "Sheraton" (que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza); "ESMA IV" ( en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada) y "Coordinación Federal" (compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia. Abarcan 67 hechos que incluyen 4 homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El segundo de los expedientes tiene por víctimas a integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación).
Además en la la Ciudad de Buenos se sustancia por el viejo Código Penal la causa "Triple A" por delitos de esa unidad parapolicial antes de la dictadura.
En la ciudad de Mar del Plata, continuarán los procesos denominados "Acumulado" (por crímenes en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón") y "Monte Peloni" (investiga crímenes ontra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría).
En Jujuy, proseguirá el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
En la ciudad de Rosario, continuará la denominada causa "Feced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
En La Pampa proseguirá el juicio "Subzona 14 II" que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial y se investigan los casos de 234 víctimas por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las víctimas pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en las comisarías Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía; la Delegación de la Policía Federal; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento 101 del Ejército y las unidades 4 y 13 del SPF.
En la ciudad de La Plata, seguirá el juicio "Brigada de San Justo" por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó allí y alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
En Mendoza proseguirá el juicio a los responsables de la apropiación de Claudia Domínguez Castro. Hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, quienes desaparecieron en diciembre de 1977 y cuyo destino aún se desconoce.
Los imputados en esta causa son el militar Segundo Héctor Carabajal, y el matrimonio Bozzo-Reitano que registró a Claudia como hija biológica. Carabajal fue miembro del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. El sería el mayor responsable de los delitos que incluyen la retención y ocultamiento de una menor, falsificación de la identidad y otros.
En Bahía Blanca, continuará el juicio "Armada II" que tiene 13 imputados, que en su mayoría son ex miembros de altos rangos de la fuerza armada. Entre los acusados, 12 de ellos llegan por primera vez a esta instancia. Además comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas.
En San Luis, seguirá el juicio "Magistrados" que buscará determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al plan criminal implementado por la última dictadura. Son juzgados el ex juez Eduardo Allende y el ex fiscal Hipólito Saá, a quienes  se les imputa haber tenido conocimiento de torturas por testimonios de víctimas, y no haber actuado conforme la función pública para la cual habían sido designados.
También están imputados Alberto Eduardo Camps, teniente del Comando de Artillería 141 acusado por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 29 víctimas; y Jorge Omar Caram, ex médico de la Policía de la Provincia de San Luis por su rol durante las sesiones de torturas.
En Córdoba, proseguirá el juicio "Montiveros" que tiene 21 imputados, en su gran mayoría ex policías pertenecientes a lo que fue el comando radioeléctrico. Se trata de varios hechos de secuestros, torturas y crímenes ocurridos antes y después del 24 de marzo de 1976 y hasta julio de 1976 en el centro clandestino de detención "D2" de la ciudad de Córdoba.