LOS JUICIOS SON AHORA!!!

Con el inicio hoy lunes 3 de diciembre del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal, continuarán esta semana distintos procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy comenzará el ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal, el juicio denominado "Coordinación Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la esa dependencia. Abarcan 67 hechos que incluyen 4 homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. El segundo de los expedientes tiene por víctimas a integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Los damnificados estuvieron en los centros clandestinos de detención Superintendencia/Coordinación Federal y Azopardo.
Están imputado: Carlos Enrique Gallone, Eduardo Norberto Comesaña, Raúl Antonio Guglielminetti, Fausto Mingorance, Rafael Romero y Juan Manuel Grosso).
Las audiencias de este proceso continuarán el jueves 6 de diciembre y se desarrollarán todos los jueves.
En tanto, continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy continuarán los alegatos en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
Mañana martes 4 continuará el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el
centro clandestino de detención Virrey Cevallos. En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
También el martes proseguirá la denominada causa "Montiveros" ("ex causa Soria"), que tiene 21 imputados, en su gran mayoría ex policías pertenecientes a lo que fue el comando radioeléctrico que, durante la última dictadura funcionaba bajo las órdenes del fallecido genocida Luciano Benjamín Menendez.
En este juicio se juzgarán delitos cometidos contra 16 víctimas. Se trata de varios hechos de secuestros, torturas y crímenes ocurridos antes y después del 24 de marzo de 1976 y hasta julio de 1976 en el centro clandestino de detención "D2" de la ciudad de Córdoba.
Mañana y el miércoles proseguirán en La Pampa, los alegatos de las querellas del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
En el juicio, se investigan los casos de 234 víctimas por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la provincia de La Pampa.
Las víctimas pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en las comisarías Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía; la Delegación de la Policía Federal; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento 101 del Ejército y las unidades 4 y 13 del SPF.
El miércoles 5 de diciembre proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
También el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
El miércoles y jueves proseguirá en Mar del Plata el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.
El jueves continuará en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
También el jueves proseguirá el el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar.
Los imputados en este juicio son Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.

También el jueves continuará en Bahía Blanca el juicio "Armada 2" que tiene 13 imputados, que en su mayoría son ex miembros de altos rangos de la fuerza armada. Entre los acusados, 12 de ellos llegan por primera vez a esta instancia. Además comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas.

El viernes 7 proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría. 

También el viernes continuará el proceso que juzga a los responsables de la apropiación de Claudia Domínguez Castro. Hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, quienes desaparecieron en diciembre de 1977 y cuyo destino aún se desconoce.
Los imputados en esta causa son el militar Segundo Héctor Carabajal, y el matrimonio Bozzo-Reitano que registró a Claudia como hija biológica. Carabajal fue miembro del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. El sería el mayor responsable de los delitos que incluyen la retención y ocultamiento de una menor, falsificación de la identidad y otros.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

Continuarán esta semana distintos procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy lunes 26 de noviembre continuarán las audiencias del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Las audiencias se realizan ante el Tribunal 5 de la Capital Federal, que investiga crímenes en perjuicio de 805 víctimas.
Los imputados son 10: Carlos Mario Castellví, Miguel Conde, Carlos Néstor Carrillo, Horacio Luis Ferrari, José Ángel Iturri, Jorge Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Claudio Vallejos y Raúl Armando Cabral.
También hoy continuarán los alegatos en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención "Sheraton", que funcionó en la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza.
Los acusados son los entonces Segundo Comandante y Jefe del Estado o Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 (GA1) "Gral. Iriarte" de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; los oficiales de Inteligencia y Operaciones de la misma unidad militar, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy; el entonces teniente y subordinado de aquellos, José María Mainetti; y los ex titulares de la Subcomisaría de Villa Insuperable, Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.
Hoy y mañana martes 27 de noviembre, continuarán los alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores de la planta automotriz de Ford, de General Pacheco, entre marzo de 1976 y el mismo mes del año siguiente.
Hay 3 imputados, 2 de los cuales fueron integrantes de la empresa y colaboraron con las fuerzas de seguridad y el Ejército en la persecución y secuestro de las víctimas, en el marco del plan de operaciones represivas que coordinó la jurisdicción militar Campo de Mayo para el norte bonaerense. Los civiles son el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla. El tercer imputado es el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros, quien no estuvo en la primera audiencia por razones médicas, según notificaron sus abogados.
También el martes, continuarán las testimoniales del juicio de la denominada "ex causa Soria", que tiene 21 imputados, en su gran mayoría ex policías pertenecientes a lo que fue el comando radioeléctrico que, durante la última dictadura funcionaba bajo las órdenes del fallecido genocida Luciano Benjamín Menendez.
En este juicio se juzgarán delitos cometidos contra 16 víctimas. Se trata de varios hechos de secuestros, torturas y crímenes ocurridos antes y después del 24 de marzo de 1976 y hasta julio de 1976 en el centro clandestino de detención "D2" de la ciudad de Córdoba.
También el martes continuará el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el
centro clandestino de detención Virrey Cevallos. En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
El martes y el miércoles proseguirán en La Pampa, los alegatos de las querellas del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
En el juicio, se investigan los casos de 234 víctimas por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la provincia de La Pampa.
Las víctimas pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en las comisarías Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía; la Delegación de la Policía Federal; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento 101 del Ejército y las unidades 4 y 13 del SPF.
El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
También el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
El jueves 29 continuará el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar.
Los imputados en este juicio son: Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.
El mismo jueves continuará en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
El viernes 30 de noviembre proseguirá en la provincia de San Luis el juicio "Magistrados", que buscará determinar la responsabilidad penal de quienes al momento de los hechos se desempeñaban como juez y fiscal federal de la provincia, y su cooperación al plan criminal implementado por la última dictadura.
Son juzgados el ex juez Eduardo Allende y al ex fiscal Hipólito Saá, a quienes se les imputa haber tenido conocimiento de torturas por testimonios de víctimas, y no haber actuado conforme la función pública para la cual habían sido designados.
También están imputados Alberto Eduardo Camps, teniente del Comando de Artillería 141 acusado por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 29 víctimas; y Jorge Omar Caram, ex médico de la Policía de la Provincia de San Luis por su rol durante las sesiones de torturas.
También el viernes proseguirá en Mar del Plata el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención 'Monte Pelloni', ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de Olavarría.
En tanto, el sábado se realizarán inspecciones oculares en el marco de este proceso.

ROBO DE BEBES

Ministerio Público Fiscal tendrá acceso a partidas de nacimiento bonaerenses digitalizadas del período 1975-1981

La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) recibió los primeros informes digitalizados por el Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Buenos Aires e indexadas por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.
A partir de una solicitud efectuada por la UFICANTE, entre otras instituciones, el Ministerio Público Fiscal recibió los primeros informes surgidos a partir del proceso de digitalización de los registros documentales de las partidas de nacimiento de la provincia de Buenos Aires del período 1975 a 1981, informó el sitio web Fiscales.
El proceso implicó la carga de más de 2 millones de documentos, equivalentes a 1 millón de actas de nacimiento, aproximadamente. La indexación de los datos manuscritos colabora a la misión de la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal y sirve, a la vez, a la realización del compromiso de todos los poderes del estado frente a la obligación de esclarecer la identidad en cientos de casos aún pendientes.
La primera evaluación de la herramienta facilitada a la unidad demostró su utilidad para el acceso a la información a las actas de nacimiento de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la unidad presentó algunas sugerencias para una eventual optimización del sistema. La información es relevante dado que se trata de la jurisdicción más populosa y en ella se han registrado casos de sustracción y sustitución de identidad de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres.
Previamente, a través de distintos formatos de acceso acordados en cada caso, la Unidad ya había accedido a similar información de las provincias de Mendoza (período 1975-1983), Tucumán (1975- 1983), Entre Ríos (1975- 1983), Santa Fe (1975- 1983) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1975- 1983).  Mientras tanto, se continúa trabajando para concretar el acceso a las demás jurisdicciones.

ORDENES DE DETENCIÓN POR EL CIRCUITO ABO

Seis nuevos imputados en el circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) 

En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, que investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, el juez Daniel Rafecas, ordenó la detención de cuatro gendarmes y dos oficiales de Policía Federal, por los hechos que tuvieron lugar en el centro de detención y tortura conformado por las sedes Atlético, Banco y Olimpo (ABO), informó el Juzgado.
El circuito represivo integrado por los tres centros clandestinos, funcionó entre mediados del año 1976 y un período indeterminado del año 1979, e implicó el sistemático sometimiento de cada víctima a condiciones infrahumanas de cautiverio, equiparables a torturas.
Los nuevos imputados por estos hechos son:
* El entonces subcomisario José Ahmed, quien se desempeñaba en la Superintendencia de Seguridad Federal, y a quien se le imputó la privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas de 376 personas que permanecieron cautivas en las tres sedes del circuito represivo, y su participación necesaria en el homicidio de diecinueve personas que el 6 de diciembre de 1978 fueron sacadas del Olimpo en la modalidad de los llamados traslados, los cuales encubrían el homicidio de las víctimas y la desaparición de sus cuerpos. De hecho, los cuerpos de tres de las diecinueve víctimas fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de ser hallados entre los días 16 y 20 de diciembre de 1978 en las localidades de Santa Teresita, Pinamar y Villa Gesell.
El informe llevado a cabo para determinar la causa de muerte, acreditó que los cuerpos presentaban severas y múltiples lesiones compatibles con el choque o golpe del cuerpo contra un objeto o superficie dura, lo cual permite concluir el arrojo de las víctimas en los llamados vuelos de la muerte.
José “el turco” Ahmed fue exonerado con el grado de subcomisario de la Policía federal, por su condena en el año 2001 a reclusión perpetua, sentencia que luego se le redujo a 25 años de cárcel, por su intervención en cinco secuestros –uno seguido de muerte- llevados a cabo entre los años 1978 y 1991 por la famosa Banda de los Comisarios, entre los cuales resulta destacable el secuestro sufrido en el año 1991 por el entonces empresario y ahora presidente Mauricio Macri.
* El entonces Inspector también de Superintendencia de Seguridad Federal, Carlos Alberto Infantino –retirado como subcomisario en el año 1990-, a quien el Juez imputó las privaciones ilegales de la libertad y las torturas de las víctimas alojadas en los centros de detención; y aparte, su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de Victoria Vallejos, quien en el año 1976 tenía 16 años y trabajaba como doméstica, con cama adentro, en la casa de Infantino.
Según la información recopilada en la investigación, se pudo determinar que la nombrada avisó a Infantino que iba a renunciar y que éste le dijo que la llevaría a Coordinación Federal, para firmar la renuncia. Al otro día alguien en su nombre la pasó a buscar a Victoria, quien no fue vista nunca más. Al día siguiente fue secuestrado su novio Miguel Ángel Leguizamón, quien está también desaparecido, y su padre Sebastián Vallejos, quien fue interrogado acerca de “qué cosas contaba Victoria”, torturado y luego liberado.
* El entonces comandante de Gendarmería Hugo Luis Medina, quien fuera Segundo Jefe y Jefe de Plana Mayor del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y quien según la imputación habría seleccionado y designado el personal de gendarmería que habría actuado en el centro de detención Olimpo, por lo cual el Juez le atribuyó participación necesaria en los hechos.
* El entonces Primer Alférez Sergio Raúl Nazario, también del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, a quien se le imputó su intervención como coautor en las privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas de las personas alojadas en el Olimpo y su participación necesaria en el homicidio de las personas que conformaron el traslado del 6 de diciembre;
* Miguel Víctor Pepe, sargento de Gendarmería, quien también se habría desempeñado en el centro de detención Olimpo, por lo cual se lo responsabilizó por los mismos hechos.
* Miguel Pablo Lugo, quien se habría desempeñado como Gendarme I del Destacamento Móvil de Campo de Mayo, a quien también se lo imputó por los hechos que tuvieron lugar en el centro de detención Olimpo.
A raíz de nuevos testimonios incorporados a la causa y la presunción de que en el Olimpo se habrían quemado cadáveres de víctimas allí asesinadas, el juez Rafecas dispuso recientemente la excavación del predio exterior al sitio donde funcionara el Olimpo, tarea que llevó a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense en el mes de octubre pasado, y que pese al inmenso trabajo realizado, no dio por resultado el hallazgo de restos óseos humanos.
Los seis nuevos imputados de los sucesos que tuvieron lugar en el circuito represivo, se suman a los ya veintisiete imputados en términos similares y elevados a juicio en la causa que investiga los crímenes cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército, de los cuales hasta el momento veintidós fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2.

MEMORIA NO ES ECOLOGÍA

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO REPUDIAN INSTALACIÓN DE UNA RESERVA AMBIENTAL EN CAMPO DE MAYO

Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un escrito ante Naciones Unidas para solicitar su intervención para dar marcha atrás con la decisión de crear en la guarnición militar de Campo de Mayo la "Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo", debido a que allí funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención, con cinco mil víctimas, entre ellas, mujeres embarazadas.
"Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial que crea la “Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo” y pone en riesgo, así, la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico militar", señala el comunicado.
Precisa que "en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención; allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres".
Según el decreto se "fracciona la guarnición militar en tres espacios distintos: la “Reserva Ambiental” propiamente dicha, otro espacio de uso militar intensivo, y un tercer espacio de amplias dimensiones del que no se especifica el destino. De acuerdo con información periodística que cita a fuentes gubernamentales, ese tercer espacio sería destinado a ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el lugar y a emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, no puede descartarse que en los tres lugares se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar".
Por ello, "junto a otros organismos de derechos humanos, víctimas y querellantes, realizamos una presentación al “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias” y al “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas, solicitándoles que intervengan frente a esta situación".
"Advertimos que existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado Argentino", enfatizan.
En tal sentido, "solicitamos tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas”.
Por otro lado, en el escrito se advierte sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y a la sociedad civil en las medidas que se vienen llevando adelante con respecto al lugar de memoria e investigación que constituye Campo de Mayo, violando uno de los pilares básicos del derecho internacional en la materia.

LOS JUICIOS SON AHORA!!!

Tras el feriado por el Día la Soberanía, continuarán esta semana distintos procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Hoy martes 20 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 1 continuará con las testimoniales del juicio de la denominada "ex causa Soria", que tiene 21 imputados, en su gran mayoría ex policías pertenecientes a lo que fue el comando radioeléctrico que, durante la última dictadura funcionaba bajo las órdenes del fallecido genocida Luciano Benjamín Menendez.
En este juicio se juzgarán delitos cometidos contra 16 víctimas. Se trata de varios hechos de secuestros, torturas y crímenes ocurridos antes y después del 24 de marzo de 1976 y hasta julio de 1976 en el centro clandestino de detención "D2" de la ciudad de Córdoba.
También el martes continuará el juicio por delitos de lesa humanidad que funcionó en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos. En este proceso, se investigan crímenes de lesa humanidad contra 9 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la calle Virrey Cevallos 630, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Están imputados el ex brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna y los hermanos Enrique Julio y Jorge Luis Monteverde, agentes secretos.
El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.
También el miércoles continuarán, en la ciudad de Rosario, las audiencias testimoniales en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial de Santa Fe, contra 152 víctimas.
También el miércoles proseguirán en La Pampa, los alegatos de las querellas del segundo juicio que se realiza en la provincia denominado Subzona 14 II, que juzga a 18 imputados entre militares y personal policial.
En el juicio, se investigan los casos de 234 víctimas por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la provincia de La Pampa.
Las víctimas pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en las comisarías Primera y Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía; la Delegación de la Policía Federal; la Comisaría Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Aráuz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento 101 del Ejército y las unidades 4 y 13 del SPF.
El miércoles, jueves y viernes proseguirá en Mar del Plata las audiencias en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados. El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, como crímenes cometidos tras el golpe de Estado.
De las 272 víctimas de estos hechos, 133 se encuentran desaparecidas, los cuerpos de otras 28 fueron encontrados, y 111 recuperaron la libertad tras ser detenidas ilegalmente.
El juicio concentra hechos investigados en las causas "Cueva II", "Subzona 15", "Base Naval V y VI" y "Causa Pabón", en las que se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como personal de Prefectura Naval y un integrante de la Policía bonaerense.
El jueves 22 de noviembre continuará en Jujuy el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.
El sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy acumula 16 causas con un total de 23 imputados, entre militares retirados del Ejército y ex policías jujeños. Además de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están acusados Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de El Aguilar, y Carlos Pedro Blaquier, el octogenario dueño de Ledesma, y su administrador Alberto Lemos, los cuatro procesados por el juez Fernando Povilas entre 2012 y 2013.
El jueves además proseguirá el juicio por la desaparición y muerte de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) Ana María Martínez, ocurrida en febrero de 1982 durante la última dictadura cívico-militar.
Los imputados en este juicio son: Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, ambos militares que actuaron en Campo de Mayo e integraron el Batallón 601 y el Destacamento 201 de inteligencia del Ejército. A ambos se les imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María y ya afrontaron otros juicios por graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el viernes 23 de noviembre continuará en Mendoza el proceso que juzga a los responsables de la apropiación de Claudia Domínguez Castro. Hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, quienes desaparecieron en diciembre de 1977 y cuyo destino aún se desconoce.
Los imputados en esta causa son el militar Segundo Héctor Carabajal, y el matrimonio Bozzo-Reitano que registró a Claudia como hija biológica. Carabajal fue miembro del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. El sería el mayor responsable de los delitos que incluyen la retención y ocultamiento de una menor, falsificación de la identidad y otros.

MEMORIA NO ES ECOLOGÍA

Foto: La Tinta

GOBIERNO CREARÁ RESERVA AMBIENTAL DE LA DEFENSA CAMPO DE MAYO, DONDE FUNCIONÓ UN CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN

El presidente Mauricio Macri presentó la creación de la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires, estableciendo un régimen especial de manejo y conservación de valores naturales y culturales sobre las 1.320 hectáreas del predio.
Mediante la firma de un decreto presidencial, este lugar de las Fuerzas Armadas, ligado a hechos de terrorismo durante la última dictadura cívico militar de Argentina, seguirá bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa.
“Esto se enmarca en un nuevo modelo de áreas protegidas urbanas, destinadas a cumplir un importante rol en aspectos vinculados a la salud pública, la recreación y la educación con un impacto positivo en la población”, según comunicaron desde la Administración de Parques Nacionales.
El predio seguirá formando parte de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en los términos de la Ley 26.691, que preserva los espacios vinculados a los hechos cometidos durante la última dictadura militar declarados judicialmente como delitos de lesa humanidad.
Y dicen que la afectación del inmueble, donde funcionó el centro clandestino de detención y una maternidad clandestina, a un régimen especial de protección no modificará en modo alguno el deber de garantizar la preservación del estatus de este predio, como tampoco la marcha de las investigaciones judiciales ni la preservación de la memoria de lo allí acontecido durante ese período histórico.
Sin embargo, los organismos y personalidades de derechos humanos, sobrevivientes y familiares expresaron su "total repudio ante semejante intento de convertir en un “parque” al mayor centro clandestino del país, en el que desaparecieron más de cinco mil compañeros y compañeras, que tuvo una maternidad clandestina en la que nacieron y fueron apropiados más de 200 niños y niñas".
El decreto 1056/2018, publicado en el Boletín Oficial el pasado jueves. es considerado "una provocación a todos los que desde hace más de 42 años luchamos contra la impunidad que les fue garantizada por todos los gobiernos constitucionales a los genocidas militares y civiles y a los nietos y nietas que fueron apropiados en esa maternidad clandestina y que aún hoy siguen sin conocer su identidad".
En tal sentido, solicitan "que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al propio Ejército que “se abstengan de realizar cualquier tipo de medidas que impliquen la movimiento o modificación del terreno, sus características y topografía como así también de las instalaciones y construcciones de dicho predio”.