lunes, 6 de enero de 2020

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: SENTENCIAS

Durante 2019 hubo 22 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
1- El 7 de marzo la justicia mendocina condenó al ex militar Segundo Héctor Carabajal a la pena de diez años de prisión al considerarlo responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de Claudia Domínguez, en tanto que Julio Bozzo y Antonia Reitano -el matrimonio que inscribió a la menor de edad como si fuera su hija biológica- recibieron tres años de prisión cada uno.
2- El 12 de marzo la justicia cordobesa emitió su fallo en la denominada causa Montiveros, en la que se juzgó a militares y policías del Comando Radioeléctrico de Córdoba, que se encontraban bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, por el crimen y tortura de 16 personas entre marzo y julio de 1976.
De los acusados, ocho de ellos recibieron absolución y diecisiete fueron condenados. Cinco de ellos recibieron cadena perpetua: Pedro Nolasco Bustos, Fernando Rocha, José Acevedo, Antonio Astrada y Ricardo Perrín. Miguel Ángel "el Gato" Gómez fue condenado a 9 años de prisión. Por otro lado, Aníbal Cámara y José Cuello recibieron una condena a 4 años de prisión y Miguel Bustamante fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
3- El 25 de marzo la justicia porteña condenó a seis represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton, el centro clandestino que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable, partido bonaerense de La Matanza, durante la última dictadura cívico militar.
El tribunal fijó 25 años de prisión para Roberto Obdulio Godoy. En tanto, Manuel Antonio Cunha Ferré, Rodolfo Enrique Godoy y José María Mainetti fueron condenados a 20 años de cárcel. Por su parte, Juan Alfredo Battafarano y Leopoldo Luis Baume fueron sentenciados a 11 y 8 años de prisión, respectivamente.
4- El 11 de abril la justicia riojana condenó a un tercio de los imputados en la causa caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín", quien fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Sólo fueron condenados Eriberto Miguel Goenaga (16 años de prisión), Leonidas Carlos Moliné (15), José Félix Bernaux (12) y Miguel Ángel Chiarello (11 años), lo queprovocó el rechazo de la fiscal de la causa y de la abogada y familiares de las víctimas.
Los absueltos fueron Lenin Aldo Salas, Ramón Miguel González, Luis Enrique Videla, Ángel Eduardo Pesetta, Alfredo Solano Santacroche, Adrián Juan Pelacchi (ex jefe de la Policía Federal) y Roberto Reinaldo Ganem.
5- El 10 de mayo se conoció la sentencia del "Juicio a los jueces" en San Luis. La justicia condenó al ex juez Federal, Eduardo Allende a 12 años; al ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps a 7 años y seis meses; y el ex médico de la Policía Provincial, Jorge Omar Caram recibió una condena de 6 años.
6- El 24 de mayo la justicia federal santafesina condenó a seis ex integrantes de la policía provincial y un ex miembro del Ejército a penas de entre cuatro y 20 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y distintos hechos de violencia sexual, delitos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977 y que damnificaron a diez víctimas.
La causa tuvo su origen a partir de la remisión de declaraciones testimoniales vertidas durante el juicio en que resultó condenado -entre otros- el ex juez Víctor Brusa.
La pena más alta le correspondió Eduardo Alberto Ramos Campagnolo -veinte años-, quien se desempeñó como Oficial Ayudante en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
También recayeron condenas para Héctor Melitón Martínez (doce años), integrante del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Argentino; Ricardo Ferreyra (quince años), subjefe de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Fe y luego jefe de la Comisaría Cuarta; María Eva Aebi (siete años), ex agente de la Brigada Femenina de la U.R.I. de Santa Fe; Eduardo José Córdoba (cuatro años), ex agente de la Guardia de Infantería Reforzada; Juan Calixto Perizzotti (diez años), ex coordinador del Área de Defensa 212 y jefe de de la Guardia de Infantería Reforzada -considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región-y Víctor Hugo Cabrera, (seis años) ex agente de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Fe.
7-El 25 de junio la justicia chaqueña, en el marco de la causa Ligas Agrarias II, condenó al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por alevosía y número de partícipes en el caso del asesinato de Raúl Gómez Estigarribia.
Con idéntica pena se condenó el ex policía Alcides Sanferraiter, por el homicidio calificado por alevosía en el asesinato de Carlos Piccoli. Al ex oficial sumariante José Rodríguez Valiente se lo condenó a cuatro años de prisión por encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un "enfrentamiento".
Asimismo, el ex comisario Eduardo Wischnivetzky fue hallado culpable de privación de ilegítima de la libertad y tormentos agravados en tres hechos, contra los trabajadores rurales Modesto Meza, Hipólito Britez y Santos Brítez, y se lo condenó a 18 años de prisión.
Por último, el agente Miguel Gonzáles, quien oficiara de chofer de la comitiva que se trasladó desde Resistencia a Corzuela donde tuvo lugar la emboscada contra Estigarribia resultó absuelto.
8. El 9 de agosto la justicia riojana absolvió al ex jefe del Ejército César Milani, al término del juicio al que llegó acusado por el secuestro y torturas sufridas por un hombre y su hijo en marzo de 1977, cuando era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia. El fallo le impuso penas de entre tres años y medio a diez años de prisión a otros seis imputados, entre quienes se encuentra el ex juez federal Roberto Catalán.
Quienes fueron penados -con entre tres años y seis meses y diez años de prisión, por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados- son los ex militares Leónidas Moliné, Miguel Ángel Chiarello, Eliberto Goenaga, Domingo Vera, Carlos Asunción Rodríguez Alcántara y Catalán.
9.El 16 de agosto la justicia federal pampeana condenó a trece ex integrantes del Ejército y de la policía provincial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones ilegales de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de más de 230 víctimas, en el marco del juicio conocido como "Subzona 1.4".
10. El 27 de agosto la justicia santafesina condenó a nueve integrantes del Ejército y de la policía provincial por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad perpetrados en el Área de Defensa 212.
El tribunal le impuso prisiones perpetuas al ex coronel del Ejército Ramón Abel Recio, al sargento Jorge Alberto Balla, el ex cabo Luis Alfredo Gómez y al ex oficial del Departamento de Inteligencia Oscar Cayetano Valdez, por el delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía.
Se condenó además a 15 años a los ex miembros de la Policía de Santa Fe Rubén Angel Vázquez, Luis Alberto Bellini,  Ricardo Amancio Brunel y el enfermero Raul Giménez por el delito de homicidio simple, mientras que Rolando Martínez fue condenado a 12 años por ser partícipe secundario del delito de homicidio doblemente calificado. Por otro lado, el tribunal absolvió a los ex miembros de esa fuerza Carlos Héctor Albornoz, Abel Antonio Romero y Rodolfo Antonio Reible.
11. El 28 de agosto la justicia de Bahía Blanca condenó a diez oficiales retirados de la Armada y a uno de a Prefectura Naval por delitos de lesa humanidad, entre ellos por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados cometidos durante la última dictadura militar en tanto que absolvió a otros seis por no haberse acreditado la acusación.
Se condenó a prisión perpetua al contraalmirante retirado Sergio Leonardo Araoz de Lamadrid mientras que al capitán de fragata Mario José Bilesio y el capitán de navío Heberto José Rubattino se le impuso una pena de 18 años de prisión.
También fue condenado a 15 años de prisión Francisco Martínez Loydi, quien se desempeñó en la Prefectura Naval Argentina (PNA); a 9 años el capitán de navío Enrique De León mientras que el contraalmirante retirado Miguel Angel Torrá a una pena de 8 años.
Además se condenó a 6 años de prisión al suboficial mayor retirado de la Armada Luis Oscar Conti, a 5 años a los capitanes de navío Alejandro Carlos Lorenzini y Alvaro Hermelo, como así también al de corbeta Carlos Enrique Lacoste.
En tanto, al capitán de fragata retirado Emilio José Schaller se le impuso una pena de 3 años y 6 meses.
En tanto, fueron absuletos arlos Alberto Louge, José Abdala Figueroa, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana y Aristóbulo Nicanor Moreira, integrantes de la Armada Argentina.
12- El 2 de septiembre dos ex suboficiales de la Fuerza Aérea fueron condenados a 25 años de prisión en el marco del tercer juicio por delitos cometidos en el ámbito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la causa conocida como Mansión Seré III.
Mario Domingo Rulli y Julio Narciso Flores fueron considerados coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por funcionario público y por mediar violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos, doblemente agravados por haber sido cometidos por un funcionario público y por la condición de perseguido político de la víctima y por extenderse durante más de un mes.
13- El 5 de septiembre la justicia federal marplatense condenó a prisión perpetua a cinco imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en localidades del centro bonaerense, en el marco de la causa Monte Peloni II, y fijó penas de entre 22 y 9 años de cárcel para otros ocho acusados. Dispusieron, además, la absolución de otros 10 imputados, siete de los cuales recuperaron la libertad.
Los magistrados condenaron a prisión perpetua a Oscar José Bardelli, quien se desempeñaba en la Subzona XII de Ejército; Eduardo Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia y Roberto Casares, con actuación en las Areas 121 y 124 bajo control de la misma arma, y de Argentino Alberto Balquinta, quien se desempeñó en la Comisaría de Olavarría y en la Unidad Regional XI de Azul.
Los cinco fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, violación y amenazas, en línea con el pedido de los fiscales María Angeles Ramos y Juan Manuel Portela, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olavarría y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.
14-El 11 de septiembre la justicia neuquina, en el marco del juicio La Escuelita VI, condenó a 11 años de prisión efectiva a Oscar Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando, y a Juan José Castelli, interventor de Río Negro, jerarca de inteligencia y responsable de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche. Considerado miembro de asociación ilícita.
A 7 años condenó a Sergio San Martín, oficial del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; a 6 años a Jorge Molina Ezcurra, oficial responsable del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y Jorge Di Pasquale, militar dado de baja, ex Inteligencia del Destacamento 182 de Neuquén; y a 5 años a Marcelo Fernando Zárraga, interventor de Roca, integrante de Inteligencia del Ejército en Bariloche , jefe en la Escuela militar de Instrucción Andina, y luego del Comando en Neuquén. En tanto, condenaron a 4 años para al gendarme Emilio Sacchitella, comandante de Gendarmería en Junin de los Andes y a 3 años de ejecución condicional, reglas de conducta e inhabilidad especial por 6 años para el militar de inteligencia Carlos Benavídez; integrante del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén.
15- El 24 de septiembre la justicia salteña condenó a 15 años de prisión al ex juez Ricardo Lona, al considerar que, como magistrado a cargo de la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, llevó adelante una serie de acciones y omisiones que tuvieron como objeto asegurar la impunidad de los autores y partícipes de ese hecho, en el que también resultó asesinado un hombre y herida una mujer, ambos testigos del ataque ocurrido el 11 de marzo de 1976.
16- El 1 de octubre la justicia chaqueña, en una sentencia considerada histórica en el Chaco por la complicidad judicial durante la dictadura, sentenció a 11 años al exfiscal Roberto Mazzoni y el expenitenciario Pablo Casco.
Mazzoni fue condenado a 11 años por los delitos de tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de los deberes y Casco, jefe de guardia del Servicio Penitenciario Federal de la Cárcel U7, por tormentos a detenidos por razones políticas.
17- El 4 de noviembre la justicia platense condenó a prisión perpetua a cuatro ex militares del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell por homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos.
En el caso se juzgaron los delitos perpetrados durante el ataque militar en septiembre de 1977 a una vivienda localizada en Berazategui. El TOF N°2 de La Plata los absolvió por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores, por el que también habían sido acusados. Otro imputado, Eduardo Barreiro, resultó absuelto en todos los casos.
18- El 24 de noviembre la justicia entrerriana condenó al genocida Julio César Rodríguez a 17 años y 6 meses de prisión, en el marco de la causa PC. El ex policía de la Federal apodado "Moscardón Verde", fue condenado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por tormentos contra los militantes del Partido Comunista, Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur.
19-El 29 de noviembre la justicia tucumana condenó a catorce años de prisión a Esteban Sanguinetti, al considerarlo partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía, el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa en perjuicio del conscripto Alberto Agapito Ledo, hecho que tuvo lugar en la madrugada del 17 de junio de 1976 en la ciudad de Monteros, Tucumán. En tanto, el otro imputado, César Milani, resultó absuelto.
20- El 3 de diciembre la justicia santiagueña condenó, en el marco de la denominada Megacausa IV,  a siete represores, incluido el ex jefe de inteligencia de la policía provincial Antonio Musa Azar, por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, entre los que se encuentra el abuso sexual de una adolescente de catorce años perpetrado por Musa Azar, ex Jefe de Inteligencia de la Policía.
21- El 6 de diciembre la justicia federal de Paraná condenó al genocida Atilio Ricardo Céparo a 12 años de prisión por los casos de tres docentes mujeres, quienes fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipoletti, Neuquén, y llevadas al centro clandestino "La Escuelita", donde fueron torturadas. Luego fueron trasladadas a Paraná, donde permanecieron en cautiverio en la Unidad Familiar de la Unidad Penal Nº 1 y después fueron llevadas a la cárcel de mujeres (UP6). Céparo fue considerado partícipe secundario del delito de "privación ilegal de la libertad, con abuso funcional, agravada por violencia y amenazas" y coautor de "vejaciones y apremios ilegales" en perjuicio de tres víctimas: Marta Inés Brasseur, María Cristina Lucca y Graciela Inés López.
22- El 16 de diciembre la justicia federal porteña condenó a dos expolicías a cadena perpetua como coautores de cuatro homicidios, mientras que otros cuatro acusados recibieron penas de 25, 10 y 7 años de cárcel por violaciones y privación de libertad, en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal en los centros clandestinos de detención Coordinación Federal y Azopardo.
Las penas más altas fueron para Eduardo Norberto Comesaña y Raúl Antonio Guglielminetti ; e cuanto a Carlos Enrique Gallone, fue condenado a 25 años de cárcel por la violación de siete mujeres, abuso deshonesto y la privación de la libertad de 57 personas agravada por "mediar violencia o amenazas" y la condición de perseguido político de las víctimas.

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